Buscan frenar detenciones del 24-7 CAP

Publicado el viernes 05 de octubre del 2007

Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA

IRVING -- Permitir que los residentes hispanos indocumentados de Irving tengan una identificación para enseñarle a la policía cuando los detiene y promover la enseñanza de los derechos civiles a través de las iglesias, fueron dos propuestas presentadas por líderes religiosos y activistas comunitarios esta semana.

Las ideas buscan frenar las detenciones de hispanos hechas bajo el programa 24-7 Criminal Alien Program (CAP), que permite a los policías poner a los extranjeros arrestados a disposición de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, del inglés) para que se revise su estatus migratorio y en ausencia de documentos legales se agilice la deportación.

Según líderes proinmigrantes el programa ha permitido el arresto de 2,380 inmigrantes de origen latino y según datos obtenidos por el periódico Star-Telegram, hasta 300 inmigrantes indocumentados están siendo identificados cada mes por las autoridades de la ICE una vez son arrestados por la policía de Irving.

"La policía quiere saber quién es la persona con la que está hablando, nosotros consideramos que una manera de identificar a los habitantes podría minimizar los riesgos de que los inmigrantes sean detenidos por no tener una identificación", explicó el sacerdote salvadoreño Pedro Portillo.

A su turno Lynn G. Godsey, presidente de la Alianza Hispana Evangélica de Dallas Fort Worth, explicó a La Estrella que la administración de la ciudad pidió dos semanas de plazo para estudiar las propuestas.

Esta información no pudo ser confirmada con el alcalde Herbert Gears, pues al cierre de esta edición no había respondido a las llamadas de La Estrella.

"Si después de este tiempo no hay solución a nuestras peticiones tendremos que tomar otras iniciativas", señaló Godsey.

Por su parte Carlos Quintanilla de Acción América declaró estar de acuerdo con la coalición religiosa de esperar dos semanas para obtener una respuesta con respecto a las propuestas, pero dijo que después de esto promovería un boicot económico contra el Irving Mall.

Al respecto el activista afroamericano Anthony Bond dijo que el diálogo es la mejor manera de encontrar soluciones.

"Nuestro interés aquí no debe de ser personal, debe ser hacia la comunidad y debemos actuar con la verdad dejándonos de mentiras",dijo.

Para Manuel Benavides, vicepresidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) Internacional en Irving, "necesitamos hacer algo pero hasta el momento no hemos tenido una sola voz que logre unir los esfuerzos para hacerse escuchar".

El abogado Domingo García gestor de la Mega Marcha del 2006 y quien participó en acciones de rechazo a la ordenanza antiinmigrante que se abrió camino en Farmers Branch, dijo que su participación en el caso de Irving estaría enfocada a la divulgación de los derechos básicos de una persona y a orientarlos en caso de una detención.

Según García se estudia una demanda en contra de Irving y al respecto dijo que se llevará a cabo una reunión el próximo 6 de octubre en Oak Cliff.

El representante estatal Rafael Anchía ve a Irving cada vez más cerca de Farmers Branch: "Yo esperaría un sistema parecido al de Farmers Branch, lo que significa que la gente de Irving debería estar preparada para lo peor", señaló.