Publicado el viernes 14 de deciembre del 2007
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
DALLAS — Esta Navidad la recomendación prioritaria para los inmigrantes mexicanos que vayan a visitar su país es tener los documentos en regla.
Hasta el próximo 8 de enero estará vigente el Operativo Invierno 2007-2008 del Programa Paisano que busca informar y orientar a cerca de 1 millón 200 mil mexicanos que el Instituto Nacional de Migración (INM) estima ingresarán a México.
En un comunicado difundido desde octubre el INM informó que para la edición 2007-2008 de la Guía Paisano se imprimieron dos millones de ejemplares, de los cuales el 75 por ciento fue distribuido en EU y Canadá.
Según Heladia Muñoz auxiliar del Programa Paisano en el consulado de Dallas, unas 800 guías semanales se están repartiendo en el área.
El cónsul de México en Dallas, Enrique Hubbard Urrea, señaló a La Estrella que es indispensable que los compatriotas vayan bien documentados, llevando la matrícula consular o el pasaporte mexicano.
“Le pedimos a todos lo paisanos que reporten cualquier anomalía a las autoridades correspondientes, hagan sus declaraciones y paguen los impuestos por los artículos que llevan”, recomendó Hubbard.
Para reportar anomalías, quejas o solicitar información desde EU llame al 1-877-210-9469.
No obstante el cónsul dijo que aunque se está cubriendo la cuota de expedición de 230 pasaportes diarios, la alta demanda provocado que las citas para tramitar estos documentos se estén dando actualmente para marzo de 2008.
El cónsul también dijo que no se deben llevar armas de fuego, municiones, drogas o artículos prohibidos por la aduana.
Las prohibiciones se incluyen en la Guía Paisano.
La compañía de autobuses Tierra Caliente de Dallas que viaja a Monterrey diariamente, compró una máquina de rayos X que permite escanear el equipaje.
“Si detectamos cosas prohibidas las regresamos al dueño porque no las puede llevar”, explicó Anabel González, gerente de Tierra Caliente.
En el caso de familias que viajan con niños nacidos en EU, el cónsul recomendó sacarle a los menores su matrícula consular.
Quienes vayan a viajar en vehículo es indispensable que hagan la importación temporal del auto en el consulado; más detalles están disponibles en www.banjercito.com.
Precaución migratoria
Francisco Carrasco es residente permanente desde hace 48 años y cada año viaja a Monterrey para visitar a sus tres hijos.
Mesero de oficio, Carrasco mostró a La Estrella su tarjeta de residente permanente, matrícula consular mexicana y una carta expedida por el cónsul de EU en Monterrey, Nuevo León, pues dijo, “nunca sabes qué te van pedir así que hay que estar preparados”.
Marilú Cabrera, vocera del Servicio Ciudadanía e Inmigración (USCIS), señaló que los inmigrantes que viajan en esta temporada deben tomar en cuenta que a menos de que tengan una tarjeta de residencia permanente o que previamente hayan solicitado un permiso para viajar fuera de los EU, no podrán salir legalmente.
“Asegúrese de que lleva sus documentos en regla o que no está en un proceso migratorio que le impide salir del país, de lo contrario tendrá problemas a su regreso”, enfatizó.
Resulta útil la guía de la División de Asuntos Latinos e Hispanos de la North Carolina Academy of Trial Lawyers, ya que recomiendan entre otras cosas formalizar un poder notarial para que sus familiares o amigos puedan vender sus bienes o sacar dinero de su cuenta bancaria, si resulta necesario, y obtener apostillas en las actas de nacimiento de los niños nacidos en EU para que sean reconocidas por las autoridades de otro país.
La guía completa está disponible en http://ncatl.org/page/community_projects.
Wednesday, December 19, 2007
Monday, December 10, 2007
Oran por un nuevo templo
Publicado el viernes 07 de deciembre del 2007
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
IRVING — Sentado en el interior de un tráiler que exhibe un letrero externo donde se lee “Iglesia Santa María de Guadalupe”, el pastor salvadoreño Pedro Portillo observa los planos del lote localizado en el 2601 S. de McArthur Blvd., donde, si consigue que le aprueben un préstamo, espera construir su propio templo.
Portillo fue sacerdote católico por ocho años en su país natal El Salvador y, tras retirarse para casarse, se hizo pastor de la Iglesia Luterana.
Este religioso dice que se quedó sin local para oficiar misa a sus cerca de 700 feligreses por la inconformidad de sus arrendatarios de la iglesia El Buen Pastor, porque él defendió a los indocumentados de Irving del Criminal Alien Program (CAP).
Durante siete años la Iglesia Santa María de Guadalupe tuvo un local arrendado en el edificio de la Iglesia El Buen Pastor en 2620 W.Grauwyler Rd.
La Estrella habló con el obispo Kevin Kenouse, cabeza de la Iglesia Luterana en Dallas, quien aseguró que respeta y admira el trabajo de Portillo por ayudar a los inmigrantes en su deseo de tener una mejor vida, pero confirmó que su activo involucramiento con el tema migratorio, causó la inconformidad.
“Con toda la publicidad del tema migratorio él (Portillo) se volvió muy ‘verbal’ al respecto. Algunos miembros de la congregación local no se sintieron cómodos con esa postura tan ‘verbal’; sin embargo, la congregación votó el fin de semana cuando el pastor (Portillo) decidió irse y aprobó extenderle el contrato de arriendo 1 año más”, explicó Kenouse.
“Pero Portillo ya estaba frustrado por la inconformidad de esos miembros y decidió irse”, agregó.
Portillo confirmó que “debido a la decisión de un pequeño grupo de personas conservadoras y religiosas con pensamientos racistas, tuvimos que abandonar el lugar; la congregación nunca fue consultada sino hasta el final, pero ya era tarde, por dignidad y respeto a nosotros mismos decidimos no regresar”.
El obispo Kenouse dejó claro que “la iglesia tiene su ley” y que “la congregación habló claro” en cuanto a la inconformidad que sentían algunos de ellos con la actuación de Portillo.
En las últimas semanas Portillo ha estado oficiando misa en la zona verde que rodea al tráiler, pero dice que ya está entrenado para afrontar duras pruebas, pues relata que fue torturado y amenazado de muerte en El Salvador, durante los años ochenta y cuando era amigo personal del asesinado arzobispo Óscar Romero.
“La iglesia debe de ayudar a quien lo solicite sin importar su estatus migratorio ni origen”, comentó.
También dijo que ha recibido constantes amenazas por teléfono y correo electrónico “invitándolo” a que sea el conducto para que la comunidad inmigrante recapacite y regrese a sus países.
Entre líderes religiosos involucrados con la defensa de los inmigrantes, no hay consenso sobre el caso de Portillo.
El sacerdote católico Esteban Jasso de la Iglesia de Todos Los Santos en Fort Worth, señaló que un sacerdote está bajo la subordinación de un obispo y hay que seguir las reglas, además de que “el púlpito no debe de ser usado más que para predicar la religión, pues de lo contrario se convertirá en un problema”.
Jasso que hace parte de iniciativas como el grupo Latinos Unidos que en el condado Tarrant pugna por el desarrollo del liderazgo político hispano, agregó que “los inmigrantes son una bendición para las iglesias, son un regalo divino, cuidémoslas, las iglesias han crecido porque los hispanos asisten a ellas, todo lo que está ocurriendo en estos momentos en contra de la comunidad inmigrante no es sino una movida política para las próximas elecciones, nuestro trabajo como sacerdotes es ayudar a los desamparados y orar para que los responsables de tomar una decisión lo hagan de una manera correcta y que ésta sea la mejor”.
Lynn Godsey presidente de la Alianza Hispana Evangélica de Dallas-Fort Worth, (AHEM) que participó en diversas actividades en pro de la reforma migratoria, consideró que “tenemos el derecho constitucional de expresarnos, mientras no violemos las mismas leyes, la iglesia es un santuario y la gente recurre a protegerse, no podemos negarnos a brindarles protección”.
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
IRVING — Sentado en el interior de un tráiler que exhibe un letrero externo donde se lee “Iglesia Santa María de Guadalupe”, el pastor salvadoreño Pedro Portillo observa los planos del lote localizado en el 2601 S. de McArthur Blvd., donde, si consigue que le aprueben un préstamo, espera construir su propio templo.
Portillo fue sacerdote católico por ocho años en su país natal El Salvador y, tras retirarse para casarse, se hizo pastor de la Iglesia Luterana.
Este religioso dice que se quedó sin local para oficiar misa a sus cerca de 700 feligreses por la inconformidad de sus arrendatarios de la iglesia El Buen Pastor, porque él defendió a los indocumentados de Irving del Criminal Alien Program (CAP).
Durante siete años la Iglesia Santa María de Guadalupe tuvo un local arrendado en el edificio de la Iglesia El Buen Pastor en 2620 W.Grauwyler Rd.
La Estrella habló con el obispo Kevin Kenouse, cabeza de la Iglesia Luterana en Dallas, quien aseguró que respeta y admira el trabajo de Portillo por ayudar a los inmigrantes en su deseo de tener una mejor vida, pero confirmó que su activo involucramiento con el tema migratorio, causó la inconformidad.
“Con toda la publicidad del tema migratorio él (Portillo) se volvió muy ‘verbal’ al respecto. Algunos miembros de la congregación local no se sintieron cómodos con esa postura tan ‘verbal’; sin embargo, la congregación votó el fin de semana cuando el pastor (Portillo) decidió irse y aprobó extenderle el contrato de arriendo 1 año más”, explicó Kenouse.
“Pero Portillo ya estaba frustrado por la inconformidad de esos miembros y decidió irse”, agregó.
Portillo confirmó que “debido a la decisión de un pequeño grupo de personas conservadoras y religiosas con pensamientos racistas, tuvimos que abandonar el lugar; la congregación nunca fue consultada sino hasta el final, pero ya era tarde, por dignidad y respeto a nosotros mismos decidimos no regresar”.
El obispo Kenouse dejó claro que “la iglesia tiene su ley” y que “la congregación habló claro” en cuanto a la inconformidad que sentían algunos de ellos con la actuación de Portillo.
En las últimas semanas Portillo ha estado oficiando misa en la zona verde que rodea al tráiler, pero dice que ya está entrenado para afrontar duras pruebas, pues relata que fue torturado y amenazado de muerte en El Salvador, durante los años ochenta y cuando era amigo personal del asesinado arzobispo Óscar Romero.
“La iglesia debe de ayudar a quien lo solicite sin importar su estatus migratorio ni origen”, comentó.
También dijo que ha recibido constantes amenazas por teléfono y correo electrónico “invitándolo” a que sea el conducto para que la comunidad inmigrante recapacite y regrese a sus países.
Entre líderes religiosos involucrados con la defensa de los inmigrantes, no hay consenso sobre el caso de Portillo.
El sacerdote católico Esteban Jasso de la Iglesia de Todos Los Santos en Fort Worth, señaló que un sacerdote está bajo la subordinación de un obispo y hay que seguir las reglas, además de que “el púlpito no debe de ser usado más que para predicar la religión, pues de lo contrario se convertirá en un problema”.
Jasso que hace parte de iniciativas como el grupo Latinos Unidos que en el condado Tarrant pugna por el desarrollo del liderazgo político hispano, agregó que “los inmigrantes son una bendición para las iglesias, son un regalo divino, cuidémoslas, las iglesias han crecido porque los hispanos asisten a ellas, todo lo que está ocurriendo en estos momentos en contra de la comunidad inmigrante no es sino una movida política para las próximas elecciones, nuestro trabajo como sacerdotes es ayudar a los desamparados y orar para que los responsables de tomar una decisión lo hagan de una manera correcta y que ésta sea la mejor”.
Lynn Godsey presidente de la Alianza Hispana Evangélica de Dallas-Fort Worth, (AHEM) que participó en diversas actividades en pro de la reforma migratoria, consideró que “tenemos el derecho constitucional de expresarnos, mientras no violemos las mismas leyes, la iglesia es un santuario y la gente recurre a protegerse, no podemos negarnos a brindarles protección”.
Monday, December 3, 2007
Prefieren acción cívica en lugar de presión
Publicado el viernes 30 de noviembre del 2007
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
IRVING — Las diversas iniciativas locales que han generado polémica en torno a la presencia de inmigrantes indocumentados afectan ya a sectores vitales de la economía como el de los pequeños comerciantes.
Recientemente activistas en Irving organizaron un boicot económico como protesta contra el Criminal Alien Program (CAP) y por otro lado semanas antes negociantes hispanos de Farmers Branch consolidaron una nueva cámara de comercio.
Se contactó a comerciantes de varias ciudades de Dallas y Tarrant con el propósito de conocer su perspectiva frente a un posible escalamiento del clima antiinmigrante en la zona, así como el nivel de cooperación que existe entre los comerciantes hispanos de los dos condados.
Rosa Navejar, dirigente de la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth (FWHCC), declinó comentar cuál era la posición de ese organismo frente a la presión que algunos comerciantes en Irving ejercieron para rechazar las medidas antiinmigrantes.
Cuestionada sobre si esa institución está preparada para afrontar una situación similar a la que han vivido los comerciantes hispanos en Irving, Navejar expresó confianza en el gobierno municipal.
“El liderazgo abraza la diversidad de nuestra ciudad y nosotros trabajamos juntos, así como dice el alcalde Mike Moncrief, a la manera de Fort Worth”, señaló.
En tanto que Gabriela Ezcajeda, directora de desarrollo económico de la Cámara de Comercio Hispana de Dallas (GDHCC), sostuvo que existen claras diferencias en el clima que viven las comunidades que se proyecta en los negocios en Dallas y en Irving.
“Existen dos filosofías diferentes al trabajar en Irving y trabajar en Dallas”, apuntó. “En el caso de la primera, han escogido el mensaje de no encontrar valor alguno en la comunidad hispana migrante, en el caso de la segunda, hemos hecho lo contrario”, agregó.
Y es que el efecto negativo del programa municipal de Irving que facilita la deportación de inmigrantes indocumentados a través de la cooperación de la policía con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), preocupa a los dirigentes de la Cámara de Comercio Hispana de Irving (IHCC).
“La imagen de la Cámara es fuerte y queremos reforzarla, aunque algunos negocios ya están abandonando el área debido a la situación que se vive”, dijo René Castilla, presidente de la IHCC.
Según Castilla las manifestaciones de cada lado (en pro y en contra de los inmigrantes) han perjudicado la imagen de la ciudad, por eso los comerciantes quieren desarrollar una campaña que muestre la diversidad cultural y el aporte de los hispanos a Irving.
“Va a ser una tarea difícil, pero sabemos que es en beneficio de los comerciantes y sus residentes”, apuntó. Para Ezcajeda el clima en Irving está afectando a Dallas pues dijo que la comunidad migrante, al no ser valorada por su trabajo, se ve forzada a desplazarse a otra parte.
Precisamente para evitar ese desplazamiento de comerciantes, en Farmers Branch se generó un diálogo directo con el gobierno muncipal, según lo señaló Francisco Pacheco, principal promotor de la FBHCC.
En mayo pasado una ordenanza que establecía castigos a los caseros que rentaran propiedad a indocumentados fue avalada por los electores, pero se mantiene suspendida luego de una demanda federal interpuesta por grupos proinmigrantes como el Fondo Mexicoamericano para la Defensa y la Educación (Maldef).
Pese al clima de tensión que causó en la ciudad, Pacheco dijo que los comerciantes no apoyan boicots ni marchas masivas de rechazo contra esas medidas.
“Debemos integrarnos para respetar los derechos de otros y que se respeten los nuestros, pero no podemos mandar en casa ajena”, dijo.
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
IRVING — Las diversas iniciativas locales que han generado polémica en torno a la presencia de inmigrantes indocumentados afectan ya a sectores vitales de la economía como el de los pequeños comerciantes.
Recientemente activistas en Irving organizaron un boicot económico como protesta contra el Criminal Alien Program (CAP) y por otro lado semanas antes negociantes hispanos de Farmers Branch consolidaron una nueva cámara de comercio.
Se contactó a comerciantes de varias ciudades de Dallas y Tarrant con el propósito de conocer su perspectiva frente a un posible escalamiento del clima antiinmigrante en la zona, así como el nivel de cooperación que existe entre los comerciantes hispanos de los dos condados.
Rosa Navejar, dirigente de la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth (FWHCC), declinó comentar cuál era la posición de ese organismo frente a la presión que algunos comerciantes en Irving ejercieron para rechazar las medidas antiinmigrantes.
Cuestionada sobre si esa institución está preparada para afrontar una situación similar a la que han vivido los comerciantes hispanos en Irving, Navejar expresó confianza en el gobierno municipal.
“El liderazgo abraza la diversidad de nuestra ciudad y nosotros trabajamos juntos, así como dice el alcalde Mike Moncrief, a la manera de Fort Worth”, señaló.
En tanto que Gabriela Ezcajeda, directora de desarrollo económico de la Cámara de Comercio Hispana de Dallas (GDHCC), sostuvo que existen claras diferencias en el clima que viven las comunidades que se proyecta en los negocios en Dallas y en Irving.
“Existen dos filosofías diferentes al trabajar en Irving y trabajar en Dallas”, apuntó. “En el caso de la primera, han escogido el mensaje de no encontrar valor alguno en la comunidad hispana migrante, en el caso de la segunda, hemos hecho lo contrario”, agregó.
Y es que el efecto negativo del programa municipal de Irving que facilita la deportación de inmigrantes indocumentados a través de la cooperación de la policía con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), preocupa a los dirigentes de la Cámara de Comercio Hispana de Irving (IHCC).
“La imagen de la Cámara es fuerte y queremos reforzarla, aunque algunos negocios ya están abandonando el área debido a la situación que se vive”, dijo René Castilla, presidente de la IHCC.
Según Castilla las manifestaciones de cada lado (en pro y en contra de los inmigrantes) han perjudicado la imagen de la ciudad, por eso los comerciantes quieren desarrollar una campaña que muestre la diversidad cultural y el aporte de los hispanos a Irving.
“Va a ser una tarea difícil, pero sabemos que es en beneficio de los comerciantes y sus residentes”, apuntó. Para Ezcajeda el clima en Irving está afectando a Dallas pues dijo que la comunidad migrante, al no ser valorada por su trabajo, se ve forzada a desplazarse a otra parte.
Precisamente para evitar ese desplazamiento de comerciantes, en Farmers Branch se generó un diálogo directo con el gobierno muncipal, según lo señaló Francisco Pacheco, principal promotor de la FBHCC.
En mayo pasado una ordenanza que establecía castigos a los caseros que rentaran propiedad a indocumentados fue avalada por los electores, pero se mantiene suspendida luego de una demanda federal interpuesta por grupos proinmigrantes como el Fondo Mexicoamericano para la Defensa y la Educación (Maldef).
Pese al clima de tensión que causó en la ciudad, Pacheco dijo que los comerciantes no apoyan boicots ni marchas masivas de rechazo contra esas medidas.
“Debemos integrarnos para respetar los derechos de otros y que se respeten los nuestros, pero no podemos mandar en casa ajena”, dijo.
Thursday, November 22, 2007
Convocan a manifestarse en reacción al boicot
Publicado el viernes 16 de noviembre
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
IRVING— Irving volvió a ser esta semana escenario de confrontación alrededor del tema migratorio. Al cierre de ciertos negocios locales en rechazo al 24-7 Criminal Alien Program (CAP) que se dio el jueves, el grupo The Citizen For Inmigration Reform,(CFIR) responderá este sábado con una manifestación en contra de la inmigración indocumentada.
Al cierre de esta edición alrededor de 60 personas esperaban ingresar a la reunión del Concejo municipal, para asegurarse de que el tema de las deportaciones causadas por el CAP se discutiera como parte de la agenda. Abimael Cerda coordinador del boicot organizado por Acción América dijo que la convocatoria del cierre de negocios fue exitosa, aunque no precisó cuántos negocios cerraron.
“Estuve revisando en el Irving Mall y no ví a un solo hispano comprando”, dijo Cerda.
Un recorrido hecho por La Estrella encontró los restaurantes Arturo’s Mexican Food y El Salvador cerrados.
Este último colgó una nota explicando el cierre por solidaridad con el boicot.
Vecinos de la propiedad que no quisieron ser identificados dijeron a La Estrella que los patrones enviaron de regreso a casa a los empleados. Los propietarios no fueron localizados.
En contraste, Soila Alonzo, propietaria de Soila’s Restaurant ubicado en N. O’Connor, negó que un boicot fuera la mejor solución a los problemas que vive la comunidad hispana.
“No estoy de acuerdo con los paros laborales, pues yo vivo de este negocio, lo siento por los paisanos que han tenido pérdidas, pero al menos conmigo esto no se ha reflejado, hay que tomar en cuenta que hay mucha mala información, pues sólo asustan a la gente creando pánico”, dijo.
Alfredo Cruz, gerente del Restaurante Doña Lencha en W. Grauwyler afirmó que “la situación de Irving ya acabó con el negocio, nosotros hemos apoyado a la causa en dos ocasiones sin ningún resultado y las pérdidas se reflejan en la falta de clientes”.
Raúl Martínez, de El Rancho Restaurant señaló que “he reducido el personal, las ventas han bajado en un 30 por ciento, ya me quitaron los clientes hispanos, y los únicos que me quedan son los americanos, si les cierro la puerta, me hundo”. También el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Irving, René Castilla, dijo que desaprobaba la medida.
Aunque Castilla dijo que apoya la gestión de Acción América en favor de los inmigrantes, considera que un boicot no es acertado.
“La Cámara de Comercio no está de acuerdo con eso, los comerciantes están preocupados porque no todos los clientes son latinos, también hay anglosajones; es mejor que sigamos trabajando con el CAP, el boicot no va ayudar”, dijo.
Simpatizante del boicot si fue Manuel Benavides, autor de una demanda federal que pide el cambio del sistema de elección en el Concejo de Irving para que permita mayor representación a los hispanos. “El boicot aunque de un día, tiene su efecto”, comentó.
Y el abogado Ángel Cruz que hace parte del grupo Irving Forward, dedicado a promover el registro de votantes hispanos, se apartó de la idea del boicot y favoreció otras alternativas de rechazo al clima antiinmigrante.
“Estamos en vía de proceder legalmente contra el distrito escolar de Irving y con el registro de nuevos votantes para 2008, tendremos mejores armas para cambiar la cara de Irving”, dijo.
Inmigración sí, pero legal
En la orilla de quienes responderán al boicot respaldando el 24-7 CAP, está John Gorena, coordinador de CFIR, quien dijo que organizaron la manifestación del sábado porque hay gente rompiendo las leyes de EU.
“Nosotros seguimos las leyes y esperamos que otros lo hagan así también”.
La manifestación denominada “Support Pro Irving American-Rally” es promovida a través de la página web del grupo Support Farmers Branch (SFB), que impulsó la ordenanza 2903 que prohibía rentar propiedad a indocumentados en ese suburbio. No obstante Gorena dijo a La Estrella que CFIR no está asociado con SFB.
Dijo también que su grupo está a favor de la inmigración pero legal. “Nosotros creemos que los inmigrantes ilegales deberían regresar y hacer lo correcto siguiendo la ley”, comentó.
La manifestación será del lado oeste del Ayuntamiento de 10 a.m. a 2 p.m. y desde ya los coordinadores pidieron evitar confrontaciones verbales y agregaron que los participantes deben traer banderas americanas.
“A nosotros esas acciones no nos trastornan”, dijo Benavides también miembro de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
“Están dando muestra de lo racistas que son, lo bueno es que ya están dando la cara, pero nosotros estamos informados y sabemos como enfrentarlos”, agregó sobre los patrocinadores de la manifestación del sábado.
Alberto Ruiz de Irving Forward expresó que le da tristeza la actitud de organizaciones como CFIR que eleva la separación y el odio en Irving.
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
IRVING— Irving volvió a ser esta semana escenario de confrontación alrededor del tema migratorio. Al cierre de ciertos negocios locales en rechazo al 24-7 Criminal Alien Program (CAP) que se dio el jueves, el grupo The Citizen For Inmigration Reform,(CFIR) responderá este sábado con una manifestación en contra de la inmigración indocumentada.
Al cierre de esta edición alrededor de 60 personas esperaban ingresar a la reunión del Concejo municipal, para asegurarse de que el tema de las deportaciones causadas por el CAP se discutiera como parte de la agenda. Abimael Cerda coordinador del boicot organizado por Acción América dijo que la convocatoria del cierre de negocios fue exitosa, aunque no precisó cuántos negocios cerraron.
“Estuve revisando en el Irving Mall y no ví a un solo hispano comprando”, dijo Cerda.
Un recorrido hecho por La Estrella encontró los restaurantes Arturo’s Mexican Food y El Salvador cerrados.
Este último colgó una nota explicando el cierre por solidaridad con el boicot.
Vecinos de la propiedad que no quisieron ser identificados dijeron a La Estrella que los patrones enviaron de regreso a casa a los empleados. Los propietarios no fueron localizados.
En contraste, Soila Alonzo, propietaria de Soila’s Restaurant ubicado en N. O’Connor, negó que un boicot fuera la mejor solución a los problemas que vive la comunidad hispana.
“No estoy de acuerdo con los paros laborales, pues yo vivo de este negocio, lo siento por los paisanos que han tenido pérdidas, pero al menos conmigo esto no se ha reflejado, hay que tomar en cuenta que hay mucha mala información, pues sólo asustan a la gente creando pánico”, dijo.
Alfredo Cruz, gerente del Restaurante Doña Lencha en W. Grauwyler afirmó que “la situación de Irving ya acabó con el negocio, nosotros hemos apoyado a la causa en dos ocasiones sin ningún resultado y las pérdidas se reflejan en la falta de clientes”.
Raúl Martínez, de El Rancho Restaurant señaló que “he reducido el personal, las ventas han bajado en un 30 por ciento, ya me quitaron los clientes hispanos, y los únicos que me quedan son los americanos, si les cierro la puerta, me hundo”. También el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Irving, René Castilla, dijo que desaprobaba la medida.
Aunque Castilla dijo que apoya la gestión de Acción América en favor de los inmigrantes, considera que un boicot no es acertado.
“La Cámara de Comercio no está de acuerdo con eso, los comerciantes están preocupados porque no todos los clientes son latinos, también hay anglosajones; es mejor que sigamos trabajando con el CAP, el boicot no va ayudar”, dijo.
Simpatizante del boicot si fue Manuel Benavides, autor de una demanda federal que pide el cambio del sistema de elección en el Concejo de Irving para que permita mayor representación a los hispanos. “El boicot aunque de un día, tiene su efecto”, comentó.
Y el abogado Ángel Cruz que hace parte del grupo Irving Forward, dedicado a promover el registro de votantes hispanos, se apartó de la idea del boicot y favoreció otras alternativas de rechazo al clima antiinmigrante.
“Estamos en vía de proceder legalmente contra el distrito escolar de Irving y con el registro de nuevos votantes para 2008, tendremos mejores armas para cambiar la cara de Irving”, dijo.
Inmigración sí, pero legal
En la orilla de quienes responderán al boicot respaldando el 24-7 CAP, está John Gorena, coordinador de CFIR, quien dijo que organizaron la manifestación del sábado porque hay gente rompiendo las leyes de EU.
“Nosotros seguimos las leyes y esperamos que otros lo hagan así también”.
La manifestación denominada “Support Pro Irving American-Rally” es promovida a través de la página web del grupo Support Farmers Branch (SFB), que impulsó la ordenanza 2903 que prohibía rentar propiedad a indocumentados en ese suburbio. No obstante Gorena dijo a La Estrella que CFIR no está asociado con SFB.
Dijo también que su grupo está a favor de la inmigración pero legal. “Nosotros creemos que los inmigrantes ilegales deberían regresar y hacer lo correcto siguiendo la ley”, comentó.
La manifestación será del lado oeste del Ayuntamiento de 10 a.m. a 2 p.m. y desde ya los coordinadores pidieron evitar confrontaciones verbales y agregaron que los participantes deben traer banderas americanas.
“A nosotros esas acciones no nos trastornan”, dijo Benavides también miembro de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
“Están dando muestra de lo racistas que son, lo bueno es que ya están dando la cara, pero nosotros estamos informados y sabemos como enfrentarlos”, agregó sobre los patrocinadores de la manifestación del sábado.
Alberto Ruiz de Irving Forward expresó que le da tristeza la actitud de organizaciones como CFIR que eleva la separación y el odio en Irving.
Wednesday, November 7, 2007
Enfocan nutrición
Publicado el viernes 02 de noviembre del 2007
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
DALLAS — Melissa Cardona, quien cambió su apellido, ha notado con preocupación que sus dos hijos, aumentan de peso luego del receso escolar y una vez empiezan a comer en la cafetería de su escuela en el distrito escolar de Mansfield (MISD).
Cardona, oriunda de Puerto Rico, se declara una fiel defensora de la buena nutrición y asegura que por eso no está conforme con lo que sus hijos comen en la escuela, pues según ella son alimentos precocinados, con alto contenido de grasas y azúcar.
A Cardona le preocupa además que el menú escolar no tenga “muchas opciones saludables” para los estudiantes.
“El estudiante se ve entonces precisado a escoger lo más atractivo pero con menos calidad nutricional”, dijo.
Consultado sobre la preocupación de Cardona, Jay Towell del Departamento de Nutrición Estudiantil de MISD explicó que “los alimentos y bebidas que se eligen en MISD se seleccionan con calidad”.
“Hay un gran malentendido y un mito alrededor de cada distrito diciendo que las comidas ofrecidas por el departamento de nutrición son bajas en calidad, malsanas, etc... Esa es una falsedad y una opinión desafortunada que se ha difundido por parte de individuos irresponsables que eligen morar en la ficción y no han tomado el tiempo de recopilar los hechos”, dijo Towell en una comunicación escrita enviada a La Estrella.
También Kevin, hijo de Melissa y quien cursa grado 12 en la preparatoria Mansfield, dijo que aunque se siente bien comiendo en la cafetería escolar, sí le gustaría que los menús escolares tuvieran una opción más nutritiva para escoger.
Pero Towell precisó que cada menú en su totalidad se analiza para establecer el valor alimenticio diario, así como un valor alimenticio semanal y revisar si cumplen o se pasan los estándares establecidos.
El gobierno federal estableció criterios para el consumo saludable de alimentos en las escuelas, con base en el desarrollo de guías (Dietary Guidelines for Americans), un proyecto conjunto entre los Departamentos de Salud y Servicios Humanos y Agricultura, que orienta y recomienda el consumo de alimentos así como su control.
Las comidas escolares deben cumplir con los lineamientos de la guía que recomienda no más de 30 por ciento de calorías por individuo provenientes de grasa y menos de 10 por ciento de grasa saturada.
La regulación también exije que se proveaa porciones específicas de proteína, vitaminas A y C, hierro, calcio y calorías.
Los alimentos escolares deben cumplir los requisitos federales, pero las decisiones sobre comidas específicas que se sirven en las escuelas y cómo se preparan, se deja a criterio de las autoridades locales.
Towell hizo además hincapié en que todos los distritos en Texas son gobernados por las políticas de nutrición administradas por el Ministerio de Agricultura Estatal (TDA).
Según Towell en el proceso que pasa un alimento para llegar a la cafatería escolar, la retroalimentación de los estudiantes es vital, pues se ofrecen muestras gratis de la comida para luego reevaluar esos comentarios, tabular el producto, agregralo al menú y ofrecerlo al distrito.
Al respecto Cardona dijo que no estaba enterada de algún comité que involucrara la participación de los padres en estos asuntos y dijo que sería vital esa retroalimentación para mejorar la salud de los menores.
Marisela Guerrero quien tiene tres nietos en el distrito escolar de Dallas (DISD), está de acuerdo con la opinión de Cardona, pues aunque dice que lo que comen sus nietos en la escuela es nutritivo, asegura que mucho tiene que ver con la educación que reciben en casa.
“La comida es buena, yo lo he comprobado, pues asisto con mis nietos a la escuela para tomar el almuerzo, pero también me doy cuenta que mucha de nuestra gente no enseña buenos hábitos en el comer, y el niño opta por preferir comidas fáciles y sin calidad nutritiva”, dijo Guerrero.
Towell también puso responsabilidad en el consumo de comidas rápidas al que muchos padres recurren por falta de tiempo y múltiples obligaciones.
“La epidemia de la obesidad en Texas y Estados Unidos no es causa del desayuno ni del almuerzo que ofrecen los departamentos de nutrición del estudiante, sino es en gran parte resultado de la nutrición pobre en el país, de los alimentos de preparación rápida tales como McDonald’s, Burger King, Taco Bell y de otros que empujan los productos altos en grasas y sodio”.
Dolores Torres que tiene tres hijos en Irving ISD opinó que “mis hijos no son muy afectos a comer verduras, pero hacemos lo posible por darles lo mejor; con todo y eso siempre es mejor lo que les damos en casa”.
Consultada sobre la supervisión de los alimentos en el DISD, la vocera del distrito Sandra Guerrero aseguró que la tarea le corresponde a un comité que se reúne a final de cada año escolar para determinar con base en estudios y análisis el tipo de comidas que se van a servir en las escuelas.
Los menús finales son elaborados con participación de los miembros del comité, entre ellos padres, representantes estudiantiles y del distrito.
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
DALLAS — Melissa Cardona, quien cambió su apellido, ha notado con preocupación que sus dos hijos, aumentan de peso luego del receso escolar y una vez empiezan a comer en la cafetería de su escuela en el distrito escolar de Mansfield (MISD).
Cardona, oriunda de Puerto Rico, se declara una fiel defensora de la buena nutrición y asegura que por eso no está conforme con lo que sus hijos comen en la escuela, pues según ella son alimentos precocinados, con alto contenido de grasas y azúcar.
A Cardona le preocupa además que el menú escolar no tenga “muchas opciones saludables” para los estudiantes.
“El estudiante se ve entonces precisado a escoger lo más atractivo pero con menos calidad nutricional”, dijo.
Consultado sobre la preocupación de Cardona, Jay Towell del Departamento de Nutrición Estudiantil de MISD explicó que “los alimentos y bebidas que se eligen en MISD se seleccionan con calidad”.
“Hay un gran malentendido y un mito alrededor de cada distrito diciendo que las comidas ofrecidas por el departamento de nutrición son bajas en calidad, malsanas, etc... Esa es una falsedad y una opinión desafortunada que se ha difundido por parte de individuos irresponsables que eligen morar en la ficción y no han tomado el tiempo de recopilar los hechos”, dijo Towell en una comunicación escrita enviada a La Estrella.
También Kevin, hijo de Melissa y quien cursa grado 12 en la preparatoria Mansfield, dijo que aunque se siente bien comiendo en la cafetería escolar, sí le gustaría que los menús escolares tuvieran una opción más nutritiva para escoger.
Pero Towell precisó que cada menú en su totalidad se analiza para establecer el valor alimenticio diario, así como un valor alimenticio semanal y revisar si cumplen o se pasan los estándares establecidos.
El gobierno federal estableció criterios para el consumo saludable de alimentos en las escuelas, con base en el desarrollo de guías (Dietary Guidelines for Americans), un proyecto conjunto entre los Departamentos de Salud y Servicios Humanos y Agricultura, que orienta y recomienda el consumo de alimentos así como su control.
Las comidas escolares deben cumplir con los lineamientos de la guía que recomienda no más de 30 por ciento de calorías por individuo provenientes de grasa y menos de 10 por ciento de grasa saturada.
La regulación también exije que se proveaa porciones específicas de proteína, vitaminas A y C, hierro, calcio y calorías.
Los alimentos escolares deben cumplir los requisitos federales, pero las decisiones sobre comidas específicas que se sirven en las escuelas y cómo se preparan, se deja a criterio de las autoridades locales.
Towell hizo además hincapié en que todos los distritos en Texas son gobernados por las políticas de nutrición administradas por el Ministerio de Agricultura Estatal (TDA).
Según Towell en el proceso que pasa un alimento para llegar a la cafatería escolar, la retroalimentación de los estudiantes es vital, pues se ofrecen muestras gratis de la comida para luego reevaluar esos comentarios, tabular el producto, agregralo al menú y ofrecerlo al distrito.
Al respecto Cardona dijo que no estaba enterada de algún comité que involucrara la participación de los padres en estos asuntos y dijo que sería vital esa retroalimentación para mejorar la salud de los menores.
Marisela Guerrero quien tiene tres nietos en el distrito escolar de Dallas (DISD), está de acuerdo con la opinión de Cardona, pues aunque dice que lo que comen sus nietos en la escuela es nutritivo, asegura que mucho tiene que ver con la educación que reciben en casa.
“La comida es buena, yo lo he comprobado, pues asisto con mis nietos a la escuela para tomar el almuerzo, pero también me doy cuenta que mucha de nuestra gente no enseña buenos hábitos en el comer, y el niño opta por preferir comidas fáciles y sin calidad nutritiva”, dijo Guerrero.
Towell también puso responsabilidad en el consumo de comidas rápidas al que muchos padres recurren por falta de tiempo y múltiples obligaciones.
“La epidemia de la obesidad en Texas y Estados Unidos no es causa del desayuno ni del almuerzo que ofrecen los departamentos de nutrición del estudiante, sino es en gran parte resultado de la nutrición pobre en el país, de los alimentos de preparación rápida tales como McDonald’s, Burger King, Taco Bell y de otros que empujan los productos altos en grasas y sodio”.
Dolores Torres que tiene tres hijos en Irving ISD opinó que “mis hijos no son muy afectos a comer verduras, pero hacemos lo posible por darles lo mejor; con todo y eso siempre es mejor lo que les damos en casa”.
Consultada sobre la supervisión de los alimentos en el DISD, la vocera del distrito Sandra Guerrero aseguró que la tarea le corresponde a un comité que se reúne a final de cada año escolar para determinar con base en estudios y análisis el tipo de comidas que se van a servir en las escuelas.
Los menús finales son elaborados con participación de los miembros del comité, entre ellos padres, representantes estudiantiles y del distrito.
Tuesday, October 23, 2007
Jóvenes resienten el clima antiinmigrante dentro de escuelas
Publicado el viernes 12 de octubre del 2007
Por Luis Ángel Galván
ESPECIAL LA ESTRELLA
LUIS ÁNGEL GALVÁN
La familia Rivera no está conforme con el clima antiinmigrante que ha penetrado en las escuelas de Farmers Branch.DALLAS — El malestar y la tensión que medidas antiinmigrantes han traído a ciudades como Farmers Branch e Irving en el Metroplex, ha empezado a colarse entre las aulas de clase, generando preocupación en líderes estudiantiles.
En Farmers Branch donde una orden de un juez federal mantiene congelada la aplicación de una ordenanza que exigía a los caseros exigir documentos legales a sus inquilinos, padres latinos han expresado temor por una petición del gobierno municipal.
Se trata de obtener los nombres y direcciones de los alumnos que estudian en las escuelas del distrito Carrollton-Farmers Branch (CFBISD) y que los padres proveen al inicio del año escolar, pero que pueden optar por no revelar a otras fuentes.
Tom Bryson portavoz del gobierno de Farmers Branch confirmó que el distrito escolar ya envió esa información al municipio, pero dijo que desconocía cuál sería el uso que se le daría.
Portavoces del CFBISD y de Irving ISD no respondieron a las llamadas de La Estrella.
En Irving las escuelas han empezado a registrar ausencias a raíz del 24-7 Criminal Alien Program (CAP) que permite a la policía detener a extranjeros por ofensas al código de Texas y ponerlos a disposición de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para la revisión de su estatus de residencia.
“Vivo con miedo, ya casi no salgo, muchos de mis amigos están en la misma situación... sin documentos la presión es enorme”, comentó un joven mexicano que cursa 12avo grado en una preparatoria de Irving y pidió no ser identificado.
Uno de los líderes estudiantiles que participó en la marcha del 1 de mayo pasado, dijo estar coordinando acciones de rechazo.
“Estamos en pláticas con estudiantes de Irving y Farmers Branch pues queremos formar un frente común y apoyar a estudiantes de las dos ciudades”, confirmó Manuel Rendón, presidente de Jóvenes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
Rendón agregó también que estarán mostrando su desacuerdo en una manifestación planeada para el sábado 13 de octubre en Irving.
Se trata de una caminata que iniciará a las 3 p.m. en la calle Nursery y terminará en el Ayuntamiento de la ciudad, como protesta contra el programa 24-7 CAP.
La marcha es organizada por el grupo Acción América que hace un par de semanas congregó a más de 1,000 personas en el Ayuntamiento de Irving para exigir el cese de los arrestos de inmigrantes latinos bajo el CAP.
Por ahora los jóvenes no han dicho si podrían realizar “walk outs” o salidas de las escuelas, como las que protagonizaron en el 2006 con motivo de las multitudinarias marchas a favor de la reforma migratoria.
Pero ante las ausencias a clase Maricela Muñoz representante de la organización Steps, dirigida a apoyar el bienestar familiar, señaló que los padres de jóvenes ausentes pueden ser amonestados y si sus hijos continúan incurriendo en la falta, pueden por orden de un juez ir a parar a la cárcel y por conducto del CAP podrían pasar a manos del ICE para la verificación de documentos legales.
“Lo más importante es que la comunidad tenga la información adecuada, respetar las reglas y así evitar ponerse en riesgo”, dijo Muñoz. que da asesoría a padres en las cortes juveniles de Irving y Bedford.
Mientras tanto en Farmers Branch, Marina Rivera, madre de tres hijos que asisten al distrito CFBISD está en alerta.
Rivera que es ciudadana americana dice que desconoce los usos o los fines que la información de sus hijos podría tener en manos del gobierno y dice que piensa que es otra manera de iniciar “una búsqueda de personas indocumentadas”, afectando de paso el ánimo de los estudiantes.
Elizabeth Villafranca, que participó como activista contra la ordenanza antiinmigrante, señaló que junto con otros voluntarios repartieron volantes informando a los padres de sus derechos de privacidad.
“Apoyo a los jóvenes por manifestarse y no dejarse manipular ideológicamente”, dijo.
Por Luis Ángel Galván
ESPECIAL LA ESTRELLA
LUIS ÁNGEL GALVÁN
La familia Rivera no está conforme con el clima antiinmigrante que ha penetrado en las escuelas de Farmers Branch.DALLAS — El malestar y la tensión que medidas antiinmigrantes han traído a ciudades como Farmers Branch e Irving en el Metroplex, ha empezado a colarse entre las aulas de clase, generando preocupación en líderes estudiantiles.
En Farmers Branch donde una orden de un juez federal mantiene congelada la aplicación de una ordenanza que exigía a los caseros exigir documentos legales a sus inquilinos, padres latinos han expresado temor por una petición del gobierno municipal.
Se trata de obtener los nombres y direcciones de los alumnos que estudian en las escuelas del distrito Carrollton-Farmers Branch (CFBISD) y que los padres proveen al inicio del año escolar, pero que pueden optar por no revelar a otras fuentes.
Tom Bryson portavoz del gobierno de Farmers Branch confirmó que el distrito escolar ya envió esa información al municipio, pero dijo que desconocía cuál sería el uso que se le daría.
Portavoces del CFBISD y de Irving ISD no respondieron a las llamadas de La Estrella.
En Irving las escuelas han empezado a registrar ausencias a raíz del 24-7 Criminal Alien Program (CAP) que permite a la policía detener a extranjeros por ofensas al código de Texas y ponerlos a disposición de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para la revisión de su estatus de residencia.
“Vivo con miedo, ya casi no salgo, muchos de mis amigos están en la misma situación... sin documentos la presión es enorme”, comentó un joven mexicano que cursa 12avo grado en una preparatoria de Irving y pidió no ser identificado.
Uno de los líderes estudiantiles que participó en la marcha del 1 de mayo pasado, dijo estar coordinando acciones de rechazo.
“Estamos en pláticas con estudiantes de Irving y Farmers Branch pues queremos formar un frente común y apoyar a estudiantes de las dos ciudades”, confirmó Manuel Rendón, presidente de Jóvenes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
Rendón agregó también que estarán mostrando su desacuerdo en una manifestación planeada para el sábado 13 de octubre en Irving.
Se trata de una caminata que iniciará a las 3 p.m. en la calle Nursery y terminará en el Ayuntamiento de la ciudad, como protesta contra el programa 24-7 CAP.
La marcha es organizada por el grupo Acción América que hace un par de semanas congregó a más de 1,000 personas en el Ayuntamiento de Irving para exigir el cese de los arrestos de inmigrantes latinos bajo el CAP.
Por ahora los jóvenes no han dicho si podrían realizar “walk outs” o salidas de las escuelas, como las que protagonizaron en el 2006 con motivo de las multitudinarias marchas a favor de la reforma migratoria.
Pero ante las ausencias a clase Maricela Muñoz representante de la organización Steps, dirigida a apoyar el bienestar familiar, señaló que los padres de jóvenes ausentes pueden ser amonestados y si sus hijos continúan incurriendo en la falta, pueden por orden de un juez ir a parar a la cárcel y por conducto del CAP podrían pasar a manos del ICE para la verificación de documentos legales.
“Lo más importante es que la comunidad tenga la información adecuada, respetar las reglas y así evitar ponerse en riesgo”, dijo Muñoz. que da asesoría a padres en las cortes juveniles de Irving y Bedford.
Mientras tanto en Farmers Branch, Marina Rivera, madre de tres hijos que asisten al distrito CFBISD está en alerta.
Rivera que es ciudadana americana dice que desconoce los usos o los fines que la información de sus hijos podría tener en manos del gobierno y dice que piensa que es otra manera de iniciar “una búsqueda de personas indocumentadas”, afectando de paso el ánimo de los estudiantes.
Elizabeth Villafranca, que participó como activista contra la ordenanza antiinmigrante, señaló que junto con otros voluntarios repartieron volantes informando a los padres de sus derechos de privacidad.
“Apoyo a los jóvenes por manifestarse y no dejarse manipular ideológicamente”, dijo.
El encuentro Gears-Hubbard deja pocos frutos para los inmigrantes
Publicado el viernes 19 de octubre del 2007
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- Como un gesto de buena voluntad para limar las asperezas que ha generado la aplicación del plan 24-7 Criminal Alien Program (CAP) en Irving, calificó el cónsul de México en Dallas, Enrique Hubbard Urrea, el encuentro que sostuvo el jueves con el alcalde de esa ciudad Herbert Gears.
"Creo que se llegó a un buen entendimiento pues se echaron fuera algunas cosas e irritaciones que estaban creando barreras", dijo Hubbard a La Estrella, después del encuentro que se realizó a puerta cerrada en la sede consular.
"Primero había que distender y ahora negociar, lo importante es que contamos con la buena voluntad del alcalde de Irving", apuntó Hubbard.
Por su parte Gears señaló a La Estrella que la aplicación del 24-7 CAP va a continuar, pero dijo que es importante que la comunidad hispana cuente con una identificación que ayudará a reducir las posibilidades de que una persona detenida por una falta de tránsito vaya a parar a la cárcel.
El 24-7 CAP permite que el estatus migratorio de los extranjeros arrestados por la policía de Irving sea revisado por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
De los alcances del encuentro se destaca que se hará un esfuerzo por informar a la comunidad hispana de Irving para que sepan que deben portar una identificación, sin embargo se resaltó que cada gobierno local tiene la discreción de aceptar ese documento o no.
"El oficial de policía necesita saber con quién está hablando, cualquier documento que muestre quién es la persona, si ésta cuenta con ello y el oficial considera que es suficiente para saber quién es, le dará una citación para ir ante un juez", explicó Gears.
A la reunión también asistieron representantes de Acción América que ha coordinado dos protestas masivas en el Ayuntamiento de Irving contra el CAP.
La más reciente se realizó el sábado 13 de octubre y congregó alrededor de 1,000 personas, con participación de grupos que apoyan el programa.
Luis de la Garza, miembro de Acción América, manifestó que la conclusión de la reunión entre Gears y Hubbard, arrojó resultados positivos pues se iniciarán tres acciones para beneficiar a la comunidad hispana.
De la Garza mencionó la educación sobre los derechos de la comunidad inmigrante latina a través de la radio y la aceptación de recibos de servicios públicos o tarjetas de la biblioteca como identificación, a la hora que un oficial detenga a una persona inmigrante por una falta de tráfico.
También comentó que se habló de introducir una demanda para que Irving sea dividida en distritos que tengan representación de acuerdo al perfil étnico de la comunidad a la que corresponden.
"El 43 por ciento de la población en Irving es hispana y no hay un solo representante latino en el concejo", dijo De la Garza.
Por la tarde del jueves la oficina de comunicaciones de Gears envío un comunicado para aclarar que "aunque las reuniones han servido para intercambiar información, la ciudad continuará aplicando el 24-7 CAP sin modificaciones".
Aparte de la reunión entre el cónsul y el alcalde, un grupo de líderes religiosos había sostenido otro encuentro el miércoles con el administrador de la ciudad de Irving, Tommy González.
Durante la marcha del sábado la policía separó con una barricada a los manifestantes a favor de los inmigrantes y a quienes defienden el programa 24-7 CAP.
Ricardo Sambrano, residente de Farmers Branch y quien estuvo en la manifestación, dijo que "la policía sólo está haciendo su trabajo y aplicando la ley, aunque no siempre todas las leyes son justas y las manifestaciones como éstas son necesarias para expresar el malestar de la gente".
Horas antes de la protesta, el grupo 'Irving Forward' coordinado por el abogado y activista Domingo García, inició el registro de votantes inscribiendo a 50 personas.
"El 43 por ciento en Irving es hispano y no hay un solo representante latino en el concejo"
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- Como un gesto de buena voluntad para limar las asperezas que ha generado la aplicación del plan 24-7 Criminal Alien Program (CAP) en Irving, calificó el cónsul de México en Dallas, Enrique Hubbard Urrea, el encuentro que sostuvo el jueves con el alcalde de esa ciudad Herbert Gears.
"Creo que se llegó a un buen entendimiento pues se echaron fuera algunas cosas e irritaciones que estaban creando barreras", dijo Hubbard a La Estrella, después del encuentro que se realizó a puerta cerrada en la sede consular.
"Primero había que distender y ahora negociar, lo importante es que contamos con la buena voluntad del alcalde de Irving", apuntó Hubbard.
Por su parte Gears señaló a La Estrella que la aplicación del 24-7 CAP va a continuar, pero dijo que es importante que la comunidad hispana cuente con una identificación que ayudará a reducir las posibilidades de que una persona detenida por una falta de tránsito vaya a parar a la cárcel.
El 24-7 CAP permite que el estatus migratorio de los extranjeros arrestados por la policía de Irving sea revisado por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
De los alcances del encuentro se destaca que se hará un esfuerzo por informar a la comunidad hispana de Irving para que sepan que deben portar una identificación, sin embargo se resaltó que cada gobierno local tiene la discreción de aceptar ese documento o no.
"El oficial de policía necesita saber con quién está hablando, cualquier documento que muestre quién es la persona, si ésta cuenta con ello y el oficial considera que es suficiente para saber quién es, le dará una citación para ir ante un juez", explicó Gears.
A la reunión también asistieron representantes de Acción América que ha coordinado dos protestas masivas en el Ayuntamiento de Irving contra el CAP.
La más reciente se realizó el sábado 13 de octubre y congregó alrededor de 1,000 personas, con participación de grupos que apoyan el programa.
Luis de la Garza, miembro de Acción América, manifestó que la conclusión de la reunión entre Gears y Hubbard, arrojó resultados positivos pues se iniciarán tres acciones para beneficiar a la comunidad hispana.
De la Garza mencionó la educación sobre los derechos de la comunidad inmigrante latina a través de la radio y la aceptación de recibos de servicios públicos o tarjetas de la biblioteca como identificación, a la hora que un oficial detenga a una persona inmigrante por una falta de tráfico.
También comentó que se habló de introducir una demanda para que Irving sea dividida en distritos que tengan representación de acuerdo al perfil étnico de la comunidad a la que corresponden.
"El 43 por ciento de la población en Irving es hispana y no hay un solo representante latino en el concejo", dijo De la Garza.
Por la tarde del jueves la oficina de comunicaciones de Gears envío un comunicado para aclarar que "aunque las reuniones han servido para intercambiar información, la ciudad continuará aplicando el 24-7 CAP sin modificaciones".
Aparte de la reunión entre el cónsul y el alcalde, un grupo de líderes religiosos había sostenido otro encuentro el miércoles con el administrador de la ciudad de Irving, Tommy González.
Durante la marcha del sábado la policía separó con una barricada a los manifestantes a favor de los inmigrantes y a quienes defienden el programa 24-7 CAP.
Ricardo Sambrano, residente de Farmers Branch y quien estuvo en la manifestación, dijo que "la policía sólo está haciendo su trabajo y aplicando la ley, aunque no siempre todas las leyes son justas y las manifestaciones como éstas son necesarias para expresar el malestar de la gente".
Horas antes de la protesta, el grupo 'Irving Forward' coordinado por el abogado y activista Domingo García, inició el registro de votantes inscribiendo a 50 personas.
"El 43 por ciento en Irving es hispano y no hay un solo representante latino en el concejo"
Thursday, October 11, 2007
Buscan frenar detenciones del 24-7 CAP
Publicado el viernes 05 de octubre del 2007
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
IRVING -- Permitir que los residentes hispanos indocumentados de Irving tengan una identificación para enseñarle a la policía cuando los detiene y promover la enseñanza de los derechos civiles a través de las iglesias, fueron dos propuestas presentadas por líderes religiosos y activistas comunitarios esta semana.
Las ideas buscan frenar las detenciones de hispanos hechas bajo el programa 24-7 Criminal Alien Program (CAP), que permite a los policías poner a los extranjeros arrestados a disposición de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, del inglés) para que se revise su estatus migratorio y en ausencia de documentos legales se agilice la deportación.
Según líderes proinmigrantes el programa ha permitido el arresto de 2,380 inmigrantes de origen latino y según datos obtenidos por el periódico Star-Telegram, hasta 300 inmigrantes indocumentados están siendo identificados cada mes por las autoridades de la ICE una vez son arrestados por la policía de Irving.
"La policía quiere saber quién es la persona con la que está hablando, nosotros consideramos que una manera de identificar a los habitantes podría minimizar los riesgos de que los inmigrantes sean detenidos por no tener una identificación", explicó el sacerdote salvadoreño Pedro Portillo.
A su turno Lynn G. Godsey, presidente de la Alianza Hispana Evangélica de Dallas Fort Worth, explicó a La Estrella que la administración de la ciudad pidió dos semanas de plazo para estudiar las propuestas.
Esta información no pudo ser confirmada con el alcalde Herbert Gears, pues al cierre de esta edición no había respondido a las llamadas de La Estrella.
"Si después de este tiempo no hay solución a nuestras peticiones tendremos que tomar otras iniciativas", señaló Godsey.
Por su parte Carlos Quintanilla de Acción América declaró estar de acuerdo con la coalición religiosa de esperar dos semanas para obtener una respuesta con respecto a las propuestas, pero dijo que después de esto promovería un boicot económico contra el Irving Mall.
Al respecto el activista afroamericano Anthony Bond dijo que el diálogo es la mejor manera de encontrar soluciones.
"Nuestro interés aquí no debe de ser personal, debe ser hacia la comunidad y debemos actuar con la verdad dejándonos de mentiras",dijo.
Para Manuel Benavides, vicepresidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) Internacional en Irving, "necesitamos hacer algo pero hasta el momento no hemos tenido una sola voz que logre unir los esfuerzos para hacerse escuchar".
El abogado Domingo García gestor de la Mega Marcha del 2006 y quien participó en acciones de rechazo a la ordenanza antiinmigrante que se abrió camino en Farmers Branch, dijo que su participación en el caso de Irving estaría enfocada a la divulgación de los derechos básicos de una persona y a orientarlos en caso de una detención.
Según García se estudia una demanda en contra de Irving y al respecto dijo que se llevará a cabo una reunión el próximo 6 de octubre en Oak Cliff.
El representante estatal Rafael Anchía ve a Irving cada vez más cerca de Farmers Branch: "Yo esperaría un sistema parecido al de Farmers Branch, lo que significa que la gente de Irving debería estar preparada para lo peor", señaló.
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
IRVING -- Permitir que los residentes hispanos indocumentados de Irving tengan una identificación para enseñarle a la policía cuando los detiene y promover la enseñanza de los derechos civiles a través de las iglesias, fueron dos propuestas presentadas por líderes religiosos y activistas comunitarios esta semana.
Las ideas buscan frenar las detenciones de hispanos hechas bajo el programa 24-7 Criminal Alien Program (CAP), que permite a los policías poner a los extranjeros arrestados a disposición de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, del inglés) para que se revise su estatus migratorio y en ausencia de documentos legales se agilice la deportación.
Según líderes proinmigrantes el programa ha permitido el arresto de 2,380 inmigrantes de origen latino y según datos obtenidos por el periódico Star-Telegram, hasta 300 inmigrantes indocumentados están siendo identificados cada mes por las autoridades de la ICE una vez son arrestados por la policía de Irving.
"La policía quiere saber quién es la persona con la que está hablando, nosotros consideramos que una manera de identificar a los habitantes podría minimizar los riesgos de que los inmigrantes sean detenidos por no tener una identificación", explicó el sacerdote salvadoreño Pedro Portillo.
A su turno Lynn G. Godsey, presidente de la Alianza Hispana Evangélica de Dallas Fort Worth, explicó a La Estrella que la administración de la ciudad pidió dos semanas de plazo para estudiar las propuestas.
Esta información no pudo ser confirmada con el alcalde Herbert Gears, pues al cierre de esta edición no había respondido a las llamadas de La Estrella.
"Si después de este tiempo no hay solución a nuestras peticiones tendremos que tomar otras iniciativas", señaló Godsey.
Por su parte Carlos Quintanilla de Acción América declaró estar de acuerdo con la coalición religiosa de esperar dos semanas para obtener una respuesta con respecto a las propuestas, pero dijo que después de esto promovería un boicot económico contra el Irving Mall.
Al respecto el activista afroamericano Anthony Bond dijo que el diálogo es la mejor manera de encontrar soluciones.
"Nuestro interés aquí no debe de ser personal, debe ser hacia la comunidad y debemos actuar con la verdad dejándonos de mentiras",dijo.
Para Manuel Benavides, vicepresidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) Internacional en Irving, "necesitamos hacer algo pero hasta el momento no hemos tenido una sola voz que logre unir los esfuerzos para hacerse escuchar".
El abogado Domingo García gestor de la Mega Marcha del 2006 y quien participó en acciones de rechazo a la ordenanza antiinmigrante que se abrió camino en Farmers Branch, dijo que su participación en el caso de Irving estaría enfocada a la divulgación de los derechos básicos de una persona y a orientarlos en caso de una detención.
Según García se estudia una demanda en contra de Irving y al respecto dijo que se llevará a cabo una reunión el próximo 6 de octubre en Oak Cliff.
El representante estatal Rafael Anchía ve a Irving cada vez más cerca de Farmers Branch: "Yo esperaría un sistema parecido al de Farmers Branch, lo que significa que la gente de Irving debería estar preparada para lo peor", señaló.
Sunday, September 30, 2007
Claman en Irving por cese de redadas
Publicado el miércoles 26 de septiembre del 2007
Por Luis Ángel Galván
Especial Diario La Estrella
DALLAS – Un llamado de repudio a las detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados de origen latino provocadas por el programa 24-7 Criminal Alien Program en Irving, hicieron líderes comunitarios, religiosos y residentes de esa ciudad, hoy miércoles en la noche, frente al edificio del Ayuntamiento municipal.
Desde las 6 p.m. se empezaron a congregar personas frente a la alcaldía y según el conteo del equipo de logística de la manifestación, el número de asistentes superó los 2,000, sin embargo versiones de la policía aseguraron que los manifestantes no fueron más de 800 personas.
Entre los grupos organizadores de la manifestación se contaron La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Acción América y la Asociación Hondureña de Dallas, entre otros.
“Aquí estamos y no nos iremos, ya estamos cansados del abuso de las autoridades, queremos que las reglas se cumplan, si las detenciones han sido con estricto apego al derecho las respetamos, pero que no se hagan éstas por sólo el perfil racial, y sin una justificación debida”, dijo Luis de la Garza, activista de LULAC.
El representante estatal Roberto Alonzo, asistió a la manifestación y dijo que los errores del Congreso a nivel federal se reflejan a nivel local, como en el caso de Irving.
“Tenemos que decirle al gobierno federal que no hicieron bien su trabajo, cometieron errores al no aprobar una reforma migratoria, y este tipo de manifestaciones son buenas porque muestran la fuerza de la comunidad hispana” concluyó. Según datos recientemente revelados, en el último mes se han realizado alrededor de 2,380 detenciones bajo el programa 24-7 CAP que funciona para arrestar extranjeros con cargos criminales y que facilita a las autoridades de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) el proceso de verificación del estatus de residencia de los mismos.
El sacerdote salvadoreño Pedro Portillo, urgió a la comunidad para que reporte todo tipo de violaciones contra los inmigrantes por parte de las autoridades policiacas de esa ciudad, y pidió que alerten de los posibles lugares donde las autoridades están llevando a cabo revisiones de documentos.
El anglosajón Phillip Castro, pidió hablar pero recibió el rechazo de los manifestantes, pues lo tildaron de estar en contra de la comunidad inmigrante.
“Yo solo pido el respeto a las leyes, si no tienes documentos, es preferible que no vengas, porque te va a detener la policía y vas a ser arrestado, no tienes derecho de estar aquí”, afirmó Castro después a Diario La Estrella. Finalmente la activista Patricia Juárez del grupo Redes Ciudadanas, señaló que el voto es la mejor arma para ejercer los derechos e instó a la comunidad en posibilidades de votar para que ejerza sufragio en el momento que se requiera.
Por Luis Ángel Galván
Especial Diario La Estrella
DALLAS – Un llamado de repudio a las detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados de origen latino provocadas por el programa 24-7 Criminal Alien Program en Irving, hicieron líderes comunitarios, religiosos y residentes de esa ciudad, hoy miércoles en la noche, frente al edificio del Ayuntamiento municipal.
Desde las 6 p.m. se empezaron a congregar personas frente a la alcaldía y según el conteo del equipo de logística de la manifestación, el número de asistentes superó los 2,000, sin embargo versiones de la policía aseguraron que los manifestantes no fueron más de 800 personas.
Entre los grupos organizadores de la manifestación se contaron La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Acción América y la Asociación Hondureña de Dallas, entre otros.
“Aquí estamos y no nos iremos, ya estamos cansados del abuso de las autoridades, queremos que las reglas se cumplan, si las detenciones han sido con estricto apego al derecho las respetamos, pero que no se hagan éstas por sólo el perfil racial, y sin una justificación debida”, dijo Luis de la Garza, activista de LULAC.
El representante estatal Roberto Alonzo, asistió a la manifestación y dijo que los errores del Congreso a nivel federal se reflejan a nivel local, como en el caso de Irving.
“Tenemos que decirle al gobierno federal que no hicieron bien su trabajo, cometieron errores al no aprobar una reforma migratoria, y este tipo de manifestaciones son buenas porque muestran la fuerza de la comunidad hispana” concluyó. Según datos recientemente revelados, en el último mes se han realizado alrededor de 2,380 detenciones bajo el programa 24-7 CAP que funciona para arrestar extranjeros con cargos criminales y que facilita a las autoridades de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) el proceso de verificación del estatus de residencia de los mismos.
El sacerdote salvadoreño Pedro Portillo, urgió a la comunidad para que reporte todo tipo de violaciones contra los inmigrantes por parte de las autoridades policiacas de esa ciudad, y pidió que alerten de los posibles lugares donde las autoridades están llevando a cabo revisiones de documentos.
El anglosajón Phillip Castro, pidió hablar pero recibió el rechazo de los manifestantes, pues lo tildaron de estar en contra de la comunidad inmigrante.
“Yo solo pido el respeto a las leyes, si no tienes documentos, es preferible que no vengas, porque te va a detener la policía y vas a ser arrestado, no tienes derecho de estar aquí”, afirmó Castro después a Diario La Estrella. Finalmente la activista Patricia Juárez del grupo Redes Ciudadanas, señaló que el voto es la mejor arma para ejercer los derechos e instó a la comunidad en posibilidades de votar para que ejerza sufragio en el momento que se requiera.
Piden 'Dream Act' para frenar deserción escolar
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- Al guatemalteco Jesús Rodríguez le falta poco más de dos meses para graduarse como enfermero, sin embargo tiene dudas del futuro que su carrera le representa.
"Veo mucha publicidad anunciando que te eduques, que crezcas y seas alguien en la vida, tomas la decisión de invertir tu tiempo, esfuerzo y dinero, y al final te das cuenta que no sirve de nada educarse", se quejó.
"No vas a tener un empleo que represente tus esfuerzos, entonces ¿de qué sirve lograr una carrera?", comentó el joven que llegó a los 9 años a Texas y por falta de documentos legales no podrá ejercer como enfermero.
La mexicana Jannet Balandra, egresada de la University of North Texas, está igualmente frustrada desde el año pasado cuando obtuvo su título como maestra bilingüe.
"Tengo las esperanzas de que el 'Dream Act' sea aceptado como ley, pero de no ser así continuaré preparándome y quizás algún día logre completar mi meta", dijo Balandra con referencia a la propuesta de ley federal que permitiría a estudiantes indocumentados graduados de universidades ejercer profesionalmente.
Para Manuel Rendón, representante de jóvenes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), e integrante de la campaña a favor del 'Dream Act', esta ley sería "una tabla de salvación" para alumnos latinos que están pensando en desertar de la preparatoria.
"Estamos en alerta, luchando muy fuerte para lograr que este sueño se haga realidad", dijo Rendón.
Deserción y legalización
La esperanza y frustración de estos profesionales latinos, compagina con el mismo sentir de académicos de la educación bilingüe, que visitaron Dallas la semana pasada, para advertir sobre las elevadas tasas de deserción escolar que existe entre jóvenes latinos que cursan preparatoria.
Kathy Escamilla, profesora de la facultad de educación en la University of Colorado en Boulder, dijo a La Estrella, que es lamentable que habiendo tanto talento académico se desperdicie por falta de una solución que venga del gobierno Federal.
"La gente al no encontrar opciones tiende a regresar a sus lugares de origen, pero con problemas de lenguaje, porque se les ha olvidado su idioma natal, su vida ya está hecha en otro país", dijo Escamilla.
El simposio al que asistió Escamilla en Dallas dio cuenta de un informe elaborado entre el 2005 y el 2006 por la Asociación de Investigación Intercultural del Desarrollo (IDRA), que reveló que 86,276 estudiantes en Texas no se habían graduado de las preparatorias, costándole al estado 17 mil millones de dólares.
Según el estudio, las escuelas de Texas están perdiendo un estudiante cada cuatro minutos.
Ana Coca, maestra del Distrito Escolar de Arlington (AISD), dijo que "en las escuelas, la mayoría de los maestros son americanos y no saben de la pobreza, en los latinos lo importante es no dejar atrás a la familia y optan por abandonar la escuela".
"Hay desánimo por continuar una carrera debido a que no ven una solución cercana quienes no cuentan con documentos en regla", agregó.
En términos generales el estudio puntualiza que el 50 por ciento de los jóvenes hispanos que ingresan a la preparatoria, la abandona antes de graduarse.
En el condado de Dallas los hispanos tienen una tasa de deserción del 58 por ciento, seguidos por los afroamericanos con 45 por ciento y los blancos con 13 por ciento.
En Tarrant, los hispanos tienen una tasa de deserción escolar de 55 por ciento, seguidos otra vez por los afroamericanos con 44 por ciento y los blancos con 24 por ciento.
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- Al guatemalteco Jesús Rodríguez le falta poco más de dos meses para graduarse como enfermero, sin embargo tiene dudas del futuro que su carrera le representa.
"Veo mucha publicidad anunciando que te eduques, que crezcas y seas alguien en la vida, tomas la decisión de invertir tu tiempo, esfuerzo y dinero, y al final te das cuenta que no sirve de nada educarse", se quejó.
"No vas a tener un empleo que represente tus esfuerzos, entonces ¿de qué sirve lograr una carrera?", comentó el joven que llegó a los 9 años a Texas y por falta de documentos legales no podrá ejercer como enfermero.
La mexicana Jannet Balandra, egresada de la University of North Texas, está igualmente frustrada desde el año pasado cuando obtuvo su título como maestra bilingüe.
"Tengo las esperanzas de que el 'Dream Act' sea aceptado como ley, pero de no ser así continuaré preparándome y quizás algún día logre completar mi meta", dijo Balandra con referencia a la propuesta de ley federal que permitiría a estudiantes indocumentados graduados de universidades ejercer profesionalmente.
Para Manuel Rendón, representante de jóvenes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), e integrante de la campaña a favor del 'Dream Act', esta ley sería "una tabla de salvación" para alumnos latinos que están pensando en desertar de la preparatoria.
"Estamos en alerta, luchando muy fuerte para lograr que este sueño se haga realidad", dijo Rendón.
Deserción y legalización
La esperanza y frustración de estos profesionales latinos, compagina con el mismo sentir de académicos de la educación bilingüe, que visitaron Dallas la semana pasada, para advertir sobre las elevadas tasas de deserción escolar que existe entre jóvenes latinos que cursan preparatoria.
Kathy Escamilla, profesora de la facultad de educación en la University of Colorado en Boulder, dijo a La Estrella, que es lamentable que habiendo tanto talento académico se desperdicie por falta de una solución que venga del gobierno Federal.
"La gente al no encontrar opciones tiende a regresar a sus lugares de origen, pero con problemas de lenguaje, porque se les ha olvidado su idioma natal, su vida ya está hecha en otro país", dijo Escamilla.
El simposio al que asistió Escamilla en Dallas dio cuenta de un informe elaborado entre el 2005 y el 2006 por la Asociación de Investigación Intercultural del Desarrollo (IDRA), que reveló que 86,276 estudiantes en Texas no se habían graduado de las preparatorias, costándole al estado 17 mil millones de dólares.
Según el estudio, las escuelas de Texas están perdiendo un estudiante cada cuatro minutos.
Ana Coca, maestra del Distrito Escolar de Arlington (AISD), dijo que "en las escuelas, la mayoría de los maestros son americanos y no saben de la pobreza, en los latinos lo importante es no dejar atrás a la familia y optan por abandonar la escuela".
"Hay desánimo por continuar una carrera debido a que no ven una solución cercana quienes no cuentan con documentos en regla", agregó.
En términos generales el estudio puntualiza que el 50 por ciento de los jóvenes hispanos que ingresan a la preparatoria, la abandona antes de graduarse.
En el condado de Dallas los hispanos tienen una tasa de deserción del 58 por ciento, seguidos por los afroamericanos con 45 por ciento y los blancos con 13 por ciento.
En Tarrant, los hispanos tienen una tasa de deserción escolar de 55 por ciento, seguidos otra vez por los afroamericanos con 44 por ciento y los blancos con 24 por ciento.
Protestan por detenciones de inmigrantes en Irving
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
IRVING -- Angustiada, Ausencia Hernández narró esta semana cómo a su hijo Raúl de 19 años lo detuvo la policía de Irving por una infracción de tránsito y cómo terminó en fila para ser deportado a México.
Líderes comunitarios dijeron que a raíz de la implementación del 24-7 Criminal Alien Program en Irving, el departamento de policía de esta ciudad ha realizado más de 2,380 arrestos con un factor común: son indocumentados latinos.
La inconformidad de la comunidad inmigrante tomó voz multitudinaria esta semana con la realización de una protesta frente al Ayuntamiento municipal de Irving, acto organizado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Acción América y la Asociación de Hondureños, entre otras.
Aunque los cálculos de conteo de asistentes difieren -- la policía asegura que hubo apenas 800 personas y los organizadores sostienen que fueron 2,000-- se evidenció el tajante rechazo de la comunidad hispana de Irving a las detenciones de la policía bajo el CAP.
Bajo una enorme bandera de Estados Unidos, niños latinos hijos de inmigrantes sin documentos jugaban y algunos sostenían pancartas con peticiones para que no deporten a sus padres ni separen a sus familias.
Aunque en la manifestación imperó la compostura, hubo choques menores de los manifestantes con algunos individuos que defendían el cumplimiento a las leyes y la expulsión de los indocumentados como Sue Richardson que forma parte del Club Republicano de Irving.
"Alguien tiene que alzar su voz y apoyar el cumplimiento de las leyes, el alcalde (Herbert Gears) está en lo correcto porque está haciendo su trabajo como debe ser", dijo Richardson a La Estrella.
El alcalde Gears no respondió a los mensajes de La Estrella, pero en declaraciones recientes ha negado que las detenciones se hagan con base en el perfil racial, asimismo comentó al diario Fort Worth Star-Telegram que quienes han sido remitidos a la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron arrestados por conducir sin licencia en la mayoría de los casos.
Un activista de LULAC, Luis de la Garza, dijo que de no otorgarse una moratoria a las detenciones el siguiente paso sería organizar un boicot contra el Irving Mall.
La idea sin embargo no sonó muy viable para algunos que apoyan la causa inmigrante.
El médico Óscar Molina, que presta sus servicios en Irving, dijo que la educación sobre los derechos de los inmigrantes es lo que corresponde hacer a los líderes y no actuar torpemente pensando sólo en sus intereses.
El mexicano Joaquín Esqueda, empleado de mantenimiento, dijo que "con más razón el programa de seguridad se continuará aplicando; creo que debemos respetar para que nos respeten".
Elvia Wallace directora del centro comunitario La Escuelita en Irving, dijo que un boicot sería muy drástico y sólo perjudicaría a los comerciantes.
Wallace defendió al alcalde Gears diciendo que su intención no es romper relaciones con la comunidad hispana y aseguró que después de una reunión que tuvo con él esta semana, se definió que debido a las constantes quejas de la comunidad se haría una investigación para aclararlas contra el CAP.
"Los activistas comunitarios hacen una buena labor, pero no hay necesidad de perder el control para aclarar las diferencias; el gobierno municipal está abierto al diálogo", comentó Wallace.
El sacerdote salvadoreño Pedro Portillo dijo que recaba información sobre posibles detenciones arbitrarias para entablar una posible demanda contra la policía y el gobierno municipal.
Lazos deteriorados
La forma en que opera el 24-7 CAP es permitiendo que los extranjeros detenidos por ofensas criminales y llevados a la cárcel, sean evaluados por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en su estatus de residencia y eventualmente deportados en caso de carecer de documentos legales.
En días pasados el cónsul Enrique Hubard Urrea, sugirió a la comunidad mexicana que evitara pasar por Irving de ser posible.
"La policía de este país no tiene derecho de pedir identificación sin causa justificada; de las detenciones hechas recientemente, no encontramos ningún caso criminal que justifique esta acción, es por eso que lo denunciamos", argumentó el cónsul.
Ante la sugerencia de Hubbard, René Castilla, líder de la Cámara de Comercio Hispana de esta ciudad, se lamentó y dijo que el funcionario debería enfocarse en educar más a su gente.
"Son una lástima las declaraciones del cónsul de México, debería preocuparse en educar a su gente para saber qué hacer, y si México tiene programas para ellos, mejor que se queden allá", dijo Castilla.
Rubén Torres, representante de la organización Valle San Juan 95, manifestó que la situación en Irving es crítica, apoyó las declaraciones de Hubbard, pero criticó la falta de iniciativa de la comunidad para reaccionar.
"A nosotros nos gusta que todo nos llegue a las manos sin necesidad de molestarnos, ya es tiempo de hacer algo y de involucrarnos en temas que nos afectan directamente", dijo.
El asunto no sólo ha afectado a líderes comunitarios, sino también a la relación de Irving con otras ciudades incluso en el contexto internacional.
Por ejemplo para el evento de celebración de ciudades hermanas organizado por el municipio de Irving el próximo 8 de octubre, no vendrá el alcalde de León, Guanajuato.
Con información del Star-Telegram
ESPECIAL LA ESTRELLA
IRVING -- Angustiada, Ausencia Hernández narró esta semana cómo a su hijo Raúl de 19 años lo detuvo la policía de Irving por una infracción de tránsito y cómo terminó en fila para ser deportado a México.
Líderes comunitarios dijeron que a raíz de la implementación del 24-7 Criminal Alien Program en Irving, el departamento de policía de esta ciudad ha realizado más de 2,380 arrestos con un factor común: son indocumentados latinos.
La inconformidad de la comunidad inmigrante tomó voz multitudinaria esta semana con la realización de una protesta frente al Ayuntamiento municipal de Irving, acto organizado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Acción América y la Asociación de Hondureños, entre otras.
Aunque los cálculos de conteo de asistentes difieren -- la policía asegura que hubo apenas 800 personas y los organizadores sostienen que fueron 2,000-- se evidenció el tajante rechazo de la comunidad hispana de Irving a las detenciones de la policía bajo el CAP.
Bajo una enorme bandera de Estados Unidos, niños latinos hijos de inmigrantes sin documentos jugaban y algunos sostenían pancartas con peticiones para que no deporten a sus padres ni separen a sus familias.
Aunque en la manifestación imperó la compostura, hubo choques menores de los manifestantes con algunos individuos que defendían el cumplimiento a las leyes y la expulsión de los indocumentados como Sue Richardson que forma parte del Club Republicano de Irving.
"Alguien tiene que alzar su voz y apoyar el cumplimiento de las leyes, el alcalde (Herbert Gears) está en lo correcto porque está haciendo su trabajo como debe ser", dijo Richardson a La Estrella.
El alcalde Gears no respondió a los mensajes de La Estrella, pero en declaraciones recientes ha negado que las detenciones se hagan con base en el perfil racial, asimismo comentó al diario Fort Worth Star-Telegram que quienes han sido remitidos a la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron arrestados por conducir sin licencia en la mayoría de los casos.
Un activista de LULAC, Luis de la Garza, dijo que de no otorgarse una moratoria a las detenciones el siguiente paso sería organizar un boicot contra el Irving Mall.
La idea sin embargo no sonó muy viable para algunos que apoyan la causa inmigrante.
El médico Óscar Molina, que presta sus servicios en Irving, dijo que la educación sobre los derechos de los inmigrantes es lo que corresponde hacer a los líderes y no actuar torpemente pensando sólo en sus intereses.
El mexicano Joaquín Esqueda, empleado de mantenimiento, dijo que "con más razón el programa de seguridad se continuará aplicando; creo que debemos respetar para que nos respeten".
Elvia Wallace directora del centro comunitario La Escuelita en Irving, dijo que un boicot sería muy drástico y sólo perjudicaría a los comerciantes.
Wallace defendió al alcalde Gears diciendo que su intención no es romper relaciones con la comunidad hispana y aseguró que después de una reunión que tuvo con él esta semana, se definió que debido a las constantes quejas de la comunidad se haría una investigación para aclararlas contra el CAP.
"Los activistas comunitarios hacen una buena labor, pero no hay necesidad de perder el control para aclarar las diferencias; el gobierno municipal está abierto al diálogo", comentó Wallace.
El sacerdote salvadoreño Pedro Portillo dijo que recaba información sobre posibles detenciones arbitrarias para entablar una posible demanda contra la policía y el gobierno municipal.
Lazos deteriorados
La forma en que opera el 24-7 CAP es permitiendo que los extranjeros detenidos por ofensas criminales y llevados a la cárcel, sean evaluados por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en su estatus de residencia y eventualmente deportados en caso de carecer de documentos legales.
En días pasados el cónsul Enrique Hubard Urrea, sugirió a la comunidad mexicana que evitara pasar por Irving de ser posible.
"La policía de este país no tiene derecho de pedir identificación sin causa justificada; de las detenciones hechas recientemente, no encontramos ningún caso criminal que justifique esta acción, es por eso que lo denunciamos", argumentó el cónsul.
Ante la sugerencia de Hubbard, René Castilla, líder de la Cámara de Comercio Hispana de esta ciudad, se lamentó y dijo que el funcionario debería enfocarse en educar más a su gente.
"Son una lástima las declaraciones del cónsul de México, debería preocuparse en educar a su gente para saber qué hacer, y si México tiene programas para ellos, mejor que se queden allá", dijo Castilla.
Rubén Torres, representante de la organización Valle San Juan 95, manifestó que la situación en Irving es crítica, apoyó las declaraciones de Hubbard, pero criticó la falta de iniciativa de la comunidad para reaccionar.
"A nosotros nos gusta que todo nos llegue a las manos sin necesidad de molestarnos, ya es tiempo de hacer algo y de involucrarnos en temas que nos afectan directamente", dijo.
El asunto no sólo ha afectado a líderes comunitarios, sino también a la relación de Irving con otras ciudades incluso en el contexto internacional.
Por ejemplo para el evento de celebración de ciudades hermanas organizado por el municipio de Irving el próximo 8 de octubre, no vendrá el alcalde de León, Guanajuato.
Con información del Star-Telegram
Monday, September 3, 2007
Desfilan contra la violencia con armas de fuego
Publicado el 28 de agosto del 2007
Por Luis Ángel Galván
Especial Diario La Estrella
DALLAS — Líderes comunitarios y religiosos de diversas etnias se dieron cita el lunes al medio día frente a la estatua de Martin Luther King Jr., para participar en The Brady Campaign que busca prevenir la violencia con armas de fuego.
Aproximadamente 60 personas desfilaron desde la Biblioteca MLK hasta la Warren United Methodist Church, ubicada en el 3028 de Malcom X boulevard donde posteriormente se llevó a cabo un servicio religioso en memoria a las más de 32 personas que mueren diariamente por armas de fuego en el país.
Elba García, concejal de la ciudad de Dallas, recalcó la necesidad de poner un alto a los crímenes que se cometen con armas de fuego, y de concientizar a la población acerca de los riesgos que esto implica.
“Para combatir el nivel de criminalidad en nuestra ciudad es importante unir esfuerzos; la comunidad tiene un papel muy importante en esto, y esta marcha pretende llevar un mensaje de alerta y aprendizaje donde el principal objetivo es brindar seguridad a nuestras familias”, apuntó García.
Lupe Valdez, sheriff de Dallas, dijo que la policía por si misma no puede parar la violencia, por lo que para frenarla es indispensable la asistencia de sectores como el educativo, la familia, la iglesia y el mismo departamento de policía, señaló Valdez.
“La base para poder disminuir el crimen en nuestra ciudad inicia desde la educación que la familia le da a sus hijos; los padres deben de tomar su responsabilidad e inculcar a sus hijos acerca de los peligros que el uso de un arma puede acarrear”.
En relación a los distribuidores y vendedores de armas, la oficial acotó que ellos deben de tomar cartas en este asunto, y estar seguros de que el arma de fuego que se vende estará en manos de personas que legalmente las pueden adquirir.
Afuera, mientras se llevaba a cabo el servicio religioso, tres personas en contra de esta marcha portaban pancartas con leyendas como “fight crime gun, not ownership” (combatan el crimen, no a los dueños), pero no quisieron emitir comentario alguno.
Alberto Ruiz, activista, destacó que él asistió a este mitin porque es una manera de recordar la muerte de Martin Luther King, además de apoyar el alto a la violencia con armas de fuego.
“La violencia en las calles ha aumentado considerablemente, más muertes son provocadas por armas, quienes son dueños de ellas no sólo las utilizan para cazar animales silvestres, también cazan humanos”, apuntó Ruiz.
Por Luis Ángel Galván
Especial Diario La Estrella
DALLAS — Líderes comunitarios y religiosos de diversas etnias se dieron cita el lunes al medio día frente a la estatua de Martin Luther King Jr., para participar en The Brady Campaign que busca prevenir la violencia con armas de fuego.
Aproximadamente 60 personas desfilaron desde la Biblioteca MLK hasta la Warren United Methodist Church, ubicada en el 3028 de Malcom X boulevard donde posteriormente se llevó a cabo un servicio religioso en memoria a las más de 32 personas que mueren diariamente por armas de fuego en el país.
Elba García, concejal de la ciudad de Dallas, recalcó la necesidad de poner un alto a los crímenes que se cometen con armas de fuego, y de concientizar a la población acerca de los riesgos que esto implica.
“Para combatir el nivel de criminalidad en nuestra ciudad es importante unir esfuerzos; la comunidad tiene un papel muy importante en esto, y esta marcha pretende llevar un mensaje de alerta y aprendizaje donde el principal objetivo es brindar seguridad a nuestras familias”, apuntó García.
Lupe Valdez, sheriff de Dallas, dijo que la policía por si misma no puede parar la violencia, por lo que para frenarla es indispensable la asistencia de sectores como el educativo, la familia, la iglesia y el mismo departamento de policía, señaló Valdez.
“La base para poder disminuir el crimen en nuestra ciudad inicia desde la educación que la familia le da a sus hijos; los padres deben de tomar su responsabilidad e inculcar a sus hijos acerca de los peligros que el uso de un arma puede acarrear”.
En relación a los distribuidores y vendedores de armas, la oficial acotó que ellos deben de tomar cartas en este asunto, y estar seguros de que el arma de fuego que se vende estará en manos de personas que legalmente las pueden adquirir.
Afuera, mientras se llevaba a cabo el servicio religioso, tres personas en contra de esta marcha portaban pancartas con leyendas como “fight crime gun, not ownership” (combatan el crimen, no a los dueños), pero no quisieron emitir comentario alguno.
Alberto Ruiz, activista, destacó que él asistió a este mitin porque es una manera de recordar la muerte de Martin Luther King, además de apoyar el alto a la violencia con armas de fuego.
“La violencia en las calles ha aumentado considerablemente, más muertes son provocadas por armas, quienes son dueños de ellas no sólo las utilizan para cazar animales silvestres, también cazan humanos”, apuntó Ruiz.
Apoya Alonzo petición de Elvira Arellano
Publicado el viernes 31 de agosto del 2007
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- El representante estatal de Dallas, Roberto Alonzo, se sumó a la cruzada a favor de la inmigrante mexicana Elvira Arellano deportada a su país hace dos semanas y decidió enviar una carta al presidente mexicano y al Congreso de México con una petición expresa.
Alonzo que representa al distrito 104 de Texas, pidió al gobierno de México que le otorgue a Arellano una visa diplomática que le permita regresar a Estados Unidos para reunirse con Saúl, su hijo de ocho años y ciudadano americano.
La carta fue enviada el pasado 22 de agosto y en ella el representante dice que "Arellano es una imagen pública que necesita volver a EU y contar su historia, pues las violaciones de los derechos humanos, violaciones de la Convención de Viena y de los derechos otorgados por la Constitución de Estados Unidos, tienen que ser divulgados, para que el público sea consciente de lo que está pasando y puedan tomar parte del movimiento de reforma migratoria comprensiva y justa".
El representante estatal dijo que aún no ha recibido respuesta a su carta y comentó que esperará "un tiempo prudente" para revisar el estatus de su petición.
El martes de esta semana Arellano se reunió con el presidente Calderón y le pidió que extienda un nombramiento diplomático para que pueda actuar como una embajadora "de paz y justicia" en materia migratoria en territorio estadounidense.
Arellano llevó una copia de la carta de Alonzo a su reunión con Calderón.
"Obtener el nombramiento mostraría que para México yo soy una embajadora de justicia y paz para los inmigrantes y no una terrorista, que es como EU pretende hacerlo ver y si EU no lo acepta sería porque me tienen miedo, yo tengo derecho a contar mi historia", dijo Arellano a La Estrella en entrevista telefónica.
Agregó que Calderón le aseguró que la apoyaría y dijo que en pláticas con algunos legisladores mexicanos supo que se prepara un proyecto de ley que iría en contra de la criminalización de indocumentados.
Arellano también comentó que su hijo Saúl viajará este viernes a Ciudad de México para visitarla.
Un comunicado de la Presidencia citado por Reforma el miércoles daba cuenta de que Calderón pidió a la embajadora Patricia Espinosa, que la dependencia a su cargo realice gestiones ante las autoridades estadounidenses para poder responder a esta solicitud.
Por su parte, José Jacques diputado federal por los migrantes en Los Ángeles, y quien brindó su apoyo a Arellano en su presentación ante el Congreso mexicano, coincidió con Alonzo en que Arellano debería recibir una visa como embajadora de paz, pues dijo, se ha convertido en un símbolo que ha iniciado la defensa de los migrantes mexicanos y centroamericanos.
Daniel Solís, concejal del distrito 25 en Illinois, consideró que existen bajas probabilidades de que Arellano obtenga su nombramiento.
"Es una buena idea, pero realmente sería muy difícil porque Estados Unidos tendría algún argumento en contra y no creo que en este momento Felipe Calderón vaya a querer tomar el riesgo en el inicio de gobierno de ofender a EU", dijo.
El cónsul de México en Dallas, Enrique Hubbard explicó que desde el punto de vista jurídico en caso de que a Arellano se le otorgara el nombramiento, no habría problema para que lo ejerciera en Centroamérica, pero opinó que en EU sería muy difícil.
Hubbard dijo que EU no demostró ser muy receptivo con el caso de Arellano puesto que no le dieron autorización a que el consulado mexicano le brindara asesoría legal.
Agregó que no existe en este momento en la legislación mexicana la figura jurídica legal para nombrar a Arellano como una embajadora de la paz.
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- El representante estatal de Dallas, Roberto Alonzo, se sumó a la cruzada a favor de la inmigrante mexicana Elvira Arellano deportada a su país hace dos semanas y decidió enviar una carta al presidente mexicano y al Congreso de México con una petición expresa.
Alonzo que representa al distrito 104 de Texas, pidió al gobierno de México que le otorgue a Arellano una visa diplomática que le permita regresar a Estados Unidos para reunirse con Saúl, su hijo de ocho años y ciudadano americano.
La carta fue enviada el pasado 22 de agosto y en ella el representante dice que "Arellano es una imagen pública que necesita volver a EU y contar su historia, pues las violaciones de los derechos humanos, violaciones de la Convención de Viena y de los derechos otorgados por la Constitución de Estados Unidos, tienen que ser divulgados, para que el público sea consciente de lo que está pasando y puedan tomar parte del movimiento de reforma migratoria comprensiva y justa".
El representante estatal dijo que aún no ha recibido respuesta a su carta y comentó que esperará "un tiempo prudente" para revisar el estatus de su petición.
El martes de esta semana Arellano se reunió con el presidente Calderón y le pidió que extienda un nombramiento diplomático para que pueda actuar como una embajadora "de paz y justicia" en materia migratoria en territorio estadounidense.
Arellano llevó una copia de la carta de Alonzo a su reunión con Calderón.
"Obtener el nombramiento mostraría que para México yo soy una embajadora de justicia y paz para los inmigrantes y no una terrorista, que es como EU pretende hacerlo ver y si EU no lo acepta sería porque me tienen miedo, yo tengo derecho a contar mi historia", dijo Arellano a La Estrella en entrevista telefónica.
Agregó que Calderón le aseguró que la apoyaría y dijo que en pláticas con algunos legisladores mexicanos supo que se prepara un proyecto de ley que iría en contra de la criminalización de indocumentados.
Arellano también comentó que su hijo Saúl viajará este viernes a Ciudad de México para visitarla.
Un comunicado de la Presidencia citado por Reforma el miércoles daba cuenta de que Calderón pidió a la embajadora Patricia Espinosa, que la dependencia a su cargo realice gestiones ante las autoridades estadounidenses para poder responder a esta solicitud.
Por su parte, José Jacques diputado federal por los migrantes en Los Ángeles, y quien brindó su apoyo a Arellano en su presentación ante el Congreso mexicano, coincidió con Alonzo en que Arellano debería recibir una visa como embajadora de paz, pues dijo, se ha convertido en un símbolo que ha iniciado la defensa de los migrantes mexicanos y centroamericanos.
Daniel Solís, concejal del distrito 25 en Illinois, consideró que existen bajas probabilidades de que Arellano obtenga su nombramiento.
"Es una buena idea, pero realmente sería muy difícil porque Estados Unidos tendría algún argumento en contra y no creo que en este momento Felipe Calderón vaya a querer tomar el riesgo en el inicio de gobierno de ofender a EU", dijo.
El cónsul de México en Dallas, Enrique Hubbard explicó que desde el punto de vista jurídico en caso de que a Arellano se le otorgara el nombramiento, no habría problema para que lo ejerciera en Centroamérica, pero opinó que en EU sería muy difícil.
Hubbard dijo que EU no demostró ser muy receptivo con el caso de Arellano puesto que no le dieron autorización a que el consulado mexicano le brindara asesoría legal.
Agregó que no existe en este momento en la legislación mexicana la figura jurídica legal para nombrar a Arellano como una embajadora de la paz.
Sunday, August 26, 2007
Busca en México la oportunidad que no tuvo en Estados Unidos
Publicado el viernes 24 de agosto del 2007
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- La falta de un número de seguro social llevó al tercer hijo de una familia de siete hermanos a regresarse a México, pese a que no conoce el país, pues llegó a Estados Unidos a sus ocho meses de edad.
A sus 19 años, Aarón García decidió no insistir en buscar oportunidades de educación en el país que lo vio crecer y se fue a vivir a Linares, Nuevo León, en la casa de un tío de su padre, una persona a la que no conoce.
"No puedo acceder a becas de la universidad sin un número de seguro social, además que no puedo tener un empleo debido a lo mismo y me siento atado de manos", explicó el joven vía telefónica a La Estrella.
Aarón, aunque podría ingresar a la universidad, al graduarse haría parte del centenar de profesionales de origen latino que por carecer de documentos legales no pueden ejercer su carrera y pugnan por la aprobación federal de la ley del Dream Act.
"Dejé todo: amigos, familia, mi historia académica, mi carro, todo... preferí regresarme, aunque sé que va a ser difícil", agregó.
Esta semana su hermana Blanca, que se quedó en Dallas, acudió al consulado de México para recogerle los certificados de equivalencia y transferencia de estudios, para que los pueda usar en su búsqueda de empleo en México.
"No sé sus costumbres, desconozco el sistema educativo, tengo que encontrar un trabajo que me ayude a pagar mis gastos y el idioma no lo entiendo muy bien", comentó el joven.
Casos como el de Aarón García no son frecuentes, pero La Estrella quiso indagar si representantes del gobierno mexicano consideran planes para abordar un posible éxodo de mexicanos que regresen defraudados por el fracaso de la reforma migratoria y el endurecimiento de las reglas contra empleadores de indocumentados.
Consultada, la diputada federal por los migrantes, la panista Dolores Gonzales-Mendivil, adelantó que para ellos hay algunas opciones de empleo.
Según Gonzales la administración de Felipe Calderón ha implementado programas de creación de empleos respaldados por una bolsa de dos mil empleadores.
"Si nosotros no tenemos también una política migratoria que ponga orden en este aspecto seguiremos teniendo problemas con Estados Unidos", dijo la diputada.
Pero el gobernador del estado de Colima, Jesús Silverio Cavazos, afirmó que "México no está preparado para recibir a 12 millones de mexicanos", cuando se le preguntó en un encuentro que presidió con su homólogo, el gobernador de Guanajuato, el pasado domingo en Dallas.
"Los paisanos que en su momento emigraron al norte, lo hicieron porque el sistema político mexicano no les ofreció una oportunidad mejor de vida y si no partimos de esa base vamos a seguir engañándonos", declaró.
A su turno Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, el primer estado mexicano en expulsar migrantes a EU, dijo que parte de la solución sería la creación de un centro de reintegración del migrante en México.
Según su propuesta, en el centro participarían autoridades consulares y organizaciones comunitarias conectadas con los estados que tienen una mayor población migrante en EU.
Para Fernando Robledo Martínez, director del instituto de Migración en Zacatecas, ni México ni EU están preparados para un retorno de migrantes a pequeña o gran escala, "pues no hay una fuerza de trabajo sustituta para que no colapse la economía americana".
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- La falta de un número de seguro social llevó al tercer hijo de una familia de siete hermanos a regresarse a México, pese a que no conoce el país, pues llegó a Estados Unidos a sus ocho meses de edad.
A sus 19 años, Aarón García decidió no insistir en buscar oportunidades de educación en el país que lo vio crecer y se fue a vivir a Linares, Nuevo León, en la casa de un tío de su padre, una persona a la que no conoce.
"No puedo acceder a becas de la universidad sin un número de seguro social, además que no puedo tener un empleo debido a lo mismo y me siento atado de manos", explicó el joven vía telefónica a La Estrella.
Aarón, aunque podría ingresar a la universidad, al graduarse haría parte del centenar de profesionales de origen latino que por carecer de documentos legales no pueden ejercer su carrera y pugnan por la aprobación federal de la ley del Dream Act.
"Dejé todo: amigos, familia, mi historia académica, mi carro, todo... preferí regresarme, aunque sé que va a ser difícil", agregó.
Esta semana su hermana Blanca, que se quedó en Dallas, acudió al consulado de México para recogerle los certificados de equivalencia y transferencia de estudios, para que los pueda usar en su búsqueda de empleo en México.
"No sé sus costumbres, desconozco el sistema educativo, tengo que encontrar un trabajo que me ayude a pagar mis gastos y el idioma no lo entiendo muy bien", comentó el joven.
Casos como el de Aarón García no son frecuentes, pero La Estrella quiso indagar si representantes del gobierno mexicano consideran planes para abordar un posible éxodo de mexicanos que regresen defraudados por el fracaso de la reforma migratoria y el endurecimiento de las reglas contra empleadores de indocumentados.
Consultada, la diputada federal por los migrantes, la panista Dolores Gonzales-Mendivil, adelantó que para ellos hay algunas opciones de empleo.
Según Gonzales la administración de Felipe Calderón ha implementado programas de creación de empleos respaldados por una bolsa de dos mil empleadores.
"Si nosotros no tenemos también una política migratoria que ponga orden en este aspecto seguiremos teniendo problemas con Estados Unidos", dijo la diputada.
Pero el gobernador del estado de Colima, Jesús Silverio Cavazos, afirmó que "México no está preparado para recibir a 12 millones de mexicanos", cuando se le preguntó en un encuentro que presidió con su homólogo, el gobernador de Guanajuato, el pasado domingo en Dallas.
"Los paisanos que en su momento emigraron al norte, lo hicieron porque el sistema político mexicano no les ofreció una oportunidad mejor de vida y si no partimos de esa base vamos a seguir engañándonos", declaró.
A su turno Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, el primer estado mexicano en expulsar migrantes a EU, dijo que parte de la solución sería la creación de un centro de reintegración del migrante en México.
Según su propuesta, en el centro participarían autoridades consulares y organizaciones comunitarias conectadas con los estados que tienen una mayor población migrante en EU.
Para Fernando Robledo Martínez, director del instituto de Migración en Zacatecas, ni México ni EU están preparados para un retorno de migrantes a pequeña o gran escala, "pues no hay una fuerza de trabajo sustituta para que no colapse la economía americana".
Renuncia presidenta de Lulac en Farmers Branch
Publicado el lunes 09 de abril del 2007
Por Luis Ángel Galván
Especial Diario La Estrella
FARMERS BRANCH — Después de seis meses al frente del capítulo de LULAC en Farmers Branch, Elizabeth Villafranca, confirmó hoy a Diario La Estrella que presentó su renuncia al cargo.
Villafranca dijo que su renuncia fue presentada el 28 de marzo porque no está de acuerdo con la manera en que se manejó el caso que derivó en una orden de restricción contra un miembro del grupo Support Farmers Branch, que la acusó en días pasados de retirar publicidad de los candidatos Tim Scott y David Koch en vecindarios de ese suburbio.
“No quiero seguir dividiendo a la comunidad, nunca estuve de acuerdo en que se presentara una orden de restricción en contra de la policía, ni de la ciudad de Farmers Branch”, dijo Villafranca.
“LULAC me utilizó a sabiendas de que nunca aprobé que se usara mi declaración para presentar una orden de restricción”, agregó.
El abogado y activista Domingo García quien interpuso la querella que derivó en la orden de restricción contra Tom Bohmier de SFB, declinó hacer comentarios sobre la renuncia de Villafranca.
Señaló que su renuncia la notificó a la presidenta nacional de LULAC, Rosa Rosales, al igual que a Roger Rocha director regional y a Cotty Rodríguez directora del distrito III.
De Rosales, dijo, nunca obtuvo respuesta y aseguró que eso refleja el interés que a nivel nacional se tiene por la representación en Farmers Branch.
Villafranca dijo que se va con la satisfacción que le dejó haber participado en la organización del New Americans Rally del 1 de abril, en el que se reafirmó el apoyo a una reforma migratoria comprensiva.
Agregó que continuará trabajando como voluntaria “sin esperar recibir el aplauso y reconocimiento de la gente, sólo desarrollando una labor que desde un principio sabía, iba a ser en beneficio único y exclusivo de la comunidad”.
Por Luis Ángel Galván
Especial Diario La Estrella
FARMERS BRANCH — Después de seis meses al frente del capítulo de LULAC en Farmers Branch, Elizabeth Villafranca, confirmó hoy a Diario La Estrella que presentó su renuncia al cargo.
Villafranca dijo que su renuncia fue presentada el 28 de marzo porque no está de acuerdo con la manera en que se manejó el caso que derivó en una orden de restricción contra un miembro del grupo Support Farmers Branch, que la acusó en días pasados de retirar publicidad de los candidatos Tim Scott y David Koch en vecindarios de ese suburbio.
“No quiero seguir dividiendo a la comunidad, nunca estuve de acuerdo en que se presentara una orden de restricción en contra de la policía, ni de la ciudad de Farmers Branch”, dijo Villafranca.
“LULAC me utilizó a sabiendas de que nunca aprobé que se usara mi declaración para presentar una orden de restricción”, agregó.
El abogado y activista Domingo García quien interpuso la querella que derivó en la orden de restricción contra Tom Bohmier de SFB, declinó hacer comentarios sobre la renuncia de Villafranca.
Señaló que su renuncia la notificó a la presidenta nacional de LULAC, Rosa Rosales, al igual que a Roger Rocha director regional y a Cotty Rodríguez directora del distrito III.
De Rosales, dijo, nunca obtuvo respuesta y aseguró que eso refleja el interés que a nivel nacional se tiene por la representación en Farmers Branch.
Villafranca dijo que se va con la satisfacción que le dejó haber participado en la organización del New Americans Rally del 1 de abril, en el que se reafirmó el apoyo a una reforma migratoria comprensiva.
Agregó que continuará trabajando como voluntaria “sin esperar recibir el aplauso y reconocimiento de la gente, sólo desarrollando una labor que desde un principio sabía, iba a ser en beneficio único y exclusivo de la comunidad”.
Wednesday, August 22, 2007
Inauguran encuentro literario
Posted on Sat, Jul. 15, 2006
Inauguran encuentro literario
By Luis Ángel Galván
Especial Diario La Estrella
DALLAS -- La primera gran feria internacional del libro en Dallas se inauguró ayer con cientos de participantes, autores de obras literarias y expositores de temas diversos, de diferentes países.
Con un breve discurso de bienvenida, enmarcado por las notas de un mariachi, el administrador de servicios multiculturales de la Biblioteca Central de Dallas, Sergio Pineda abrió la feria al público y participantes.
Las actividades iniciaron en punto de las 10 de la mañana con una sesión de lectura a cargo de Elizabeth D. Woodworth; en tanto que el académico Tomás Ayala dirigió un taller de poesía y el escritor Gustavo Morales leyó parte de su obra.
Actividades laterales son la presentación de un grupo de niñas pertenecientes a Hip Hop Dance Performance, quienes con la gracia de sus movimientos corporales interpretaron piezas musicales; también la exhibición de libros, la proyección de documentales y las exhibiciones de artes plásticas.
Diferentes encuentros literarios están programadas para los tres días de duración de este evento.
Pineda expresó su emoción al palpar la respuesta a este feria por parte de los asistentes.
"Es fenomenal, la verdad ha sido todo un éxito, pues es la primera vez que sucede esto en Dallas, y qué bueno que la comunidad haya respondido favorablemente a nuestra invitación, lo que demuestra el enorme interés que los hispanos tienen por apoyar la cultura, en especial la literatura".
Pineda dijo que los eventos a realizarse en estos días 15 y 16 de julio están confirmados, por lo que el público puede acudir con toda seguridad para escuchar leer a su autor favorito, adquirir una obra literaria o bien obtener información relcionada a los servicios que presta la biblioteca.
Vivian Mansour Manzur, escritora de cuentos infantiles, dijo que es muy importante este tipo de actividades porque logran el vínculo con la comunidad hispanoparlante radicada en los Estados Unidos. Originaria del Distrito Federal, México, Mansour opinó también acerca del mensaje que ella como escritora pretende llevar a sus lectores.
"Yo no busco propiamente llevar mi filosofía dentro de mis obras, mi principal interés es que los niños se diviertan y logren conservar la esencia de su lenguaje, el español; cada quien se forma sus propias ideas de las obras que yo escribo y las interpretan a su manera", agregó Mansour.
Luis López Nieves director de maestría en creación literaria en San Juan Puerto Rico, autor participante con su más reciente obra El corazón de Voltaire, elogió la labor de Miriam Rodríguez al organizar este acto, y la calificó de pionera.
Rodríguez es una de las principales impulsoras de esta feria, lo que la convierte en una promotora cultural.
"En un país donde el español ha estado constantemente bajo ataque por algunos grupos que apoyan 'Sólo Inglés', es realmente una verdadera proeza lograr que se realice esta feria del libro", expresó López Nieves.
Escritor desde hace 36 años, Nieves aclaró que el género que escogió fue el de la narrativa, dijo que le gusta mucho escribir cuentos donde la historia es materia de estudio, "en general, dijo, es sólo una mentira que ha sido formada por todos los pueblos como una forma épica de resaltar a su gente o sus acciones".
Por su parte Yanitzia Canetti, escritora cubana y asistente a esta feria, comentó que hay tanta fobia contra los hispanos que cualquier propuesta de esta clase que involucre el engrandecimiento del idioma de Cervantes será bienvenida.
"El concepto de los inmigrantes tiene que cambiar, y el crear literatura nos ayuda a dar una cara, un rostro diferente al que piensan y ven quienes nos critican, debemos de educarnos más, y leer para ser aún mejores personas y aportar a la comunidad donde nos desarrollamos", enfatizó Canetti.
Por su parte Carmen Rivera, representante de Lectorium, casa editorial de New York, opinó que lo más importante dentro de estas ferias es la participación de la comunidad.
Rivera dijo que ha tenido la oportunidad de dialogar con personas interesadas en publicar sus propias obras, y que este es un buen lugar para obtener la informacion y dar a conocer sus trabajos.
"La nueva sangre que va alimentar a las siguientes generaciones está emergiendo y busca tener su propio espacio dentro de la literatura, y nosotros como casa editorial tenemos alternativas que les ayuden a desarrollarse dentro de este campo", finalizó.
Inauguran encuentro literario
By Luis Ángel Galván
Especial Diario La Estrella
DALLAS -- La primera gran feria internacional del libro en Dallas se inauguró ayer con cientos de participantes, autores de obras literarias y expositores de temas diversos, de diferentes países.
Con un breve discurso de bienvenida, enmarcado por las notas de un mariachi, el administrador de servicios multiculturales de la Biblioteca Central de Dallas, Sergio Pineda abrió la feria al público y participantes.
Las actividades iniciaron en punto de las 10 de la mañana con una sesión de lectura a cargo de Elizabeth D. Woodworth; en tanto que el académico Tomás Ayala dirigió un taller de poesía y el escritor Gustavo Morales leyó parte de su obra.
Actividades laterales son la presentación de un grupo de niñas pertenecientes a Hip Hop Dance Performance, quienes con la gracia de sus movimientos corporales interpretaron piezas musicales; también la exhibición de libros, la proyección de documentales y las exhibiciones de artes plásticas.
Diferentes encuentros literarios están programadas para los tres días de duración de este evento.
Pineda expresó su emoción al palpar la respuesta a este feria por parte de los asistentes.
"Es fenomenal, la verdad ha sido todo un éxito, pues es la primera vez que sucede esto en Dallas, y qué bueno que la comunidad haya respondido favorablemente a nuestra invitación, lo que demuestra el enorme interés que los hispanos tienen por apoyar la cultura, en especial la literatura".
Pineda dijo que los eventos a realizarse en estos días 15 y 16 de julio están confirmados, por lo que el público puede acudir con toda seguridad para escuchar leer a su autor favorito, adquirir una obra literaria o bien obtener información relcionada a los servicios que presta la biblioteca.
Vivian Mansour Manzur, escritora de cuentos infantiles, dijo que es muy importante este tipo de actividades porque logran el vínculo con la comunidad hispanoparlante radicada en los Estados Unidos. Originaria del Distrito Federal, México, Mansour opinó también acerca del mensaje que ella como escritora pretende llevar a sus lectores.
"Yo no busco propiamente llevar mi filosofía dentro de mis obras, mi principal interés es que los niños se diviertan y logren conservar la esencia de su lenguaje, el español; cada quien se forma sus propias ideas de las obras que yo escribo y las interpretan a su manera", agregó Mansour.
Luis López Nieves director de maestría en creación literaria en San Juan Puerto Rico, autor participante con su más reciente obra El corazón de Voltaire, elogió la labor de Miriam Rodríguez al organizar este acto, y la calificó de pionera.
Rodríguez es una de las principales impulsoras de esta feria, lo que la convierte en una promotora cultural.
"En un país donde el español ha estado constantemente bajo ataque por algunos grupos que apoyan 'Sólo Inglés', es realmente una verdadera proeza lograr que se realice esta feria del libro", expresó López Nieves.
Escritor desde hace 36 años, Nieves aclaró que el género que escogió fue el de la narrativa, dijo que le gusta mucho escribir cuentos donde la historia es materia de estudio, "en general, dijo, es sólo una mentira que ha sido formada por todos los pueblos como una forma épica de resaltar a su gente o sus acciones".
Por su parte Yanitzia Canetti, escritora cubana y asistente a esta feria, comentó que hay tanta fobia contra los hispanos que cualquier propuesta de esta clase que involucre el engrandecimiento del idioma de Cervantes será bienvenida.
"El concepto de los inmigrantes tiene que cambiar, y el crear literatura nos ayuda a dar una cara, un rostro diferente al que piensan y ven quienes nos critican, debemos de educarnos más, y leer para ser aún mejores personas y aportar a la comunidad donde nos desarrollamos", enfatizó Canetti.
Por su parte Carmen Rivera, representante de Lectorium, casa editorial de New York, opinó que lo más importante dentro de estas ferias es la participación de la comunidad.
Rivera dijo que ha tenido la oportunidad de dialogar con personas interesadas en publicar sus propias obras, y que este es un buen lugar para obtener la informacion y dar a conocer sus trabajos.
"La nueva sangre que va alimentar a las siguientes generaciones está emergiendo y busca tener su propio espacio dentro de la literatura, y nosotros como casa editorial tenemos alternativas que les ayuden a desarrollarse dentro de este campo", finalizó.
Trae saldo negativo a municipio de Farmers Branch
Publicado el viernes 10 de agosto del 2007
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
FARMERS BRANCH -- Un año después de que el concejal Tim O'Hare convirtiera a Farmers Branch en la primera ciudad de Texas que intentara cerrar las puertas a los indocumentados, el balance que la discusión ha dejado a ese suburbio es negativo.
Luego de ser ratificada en las urnas el 12 de mayo pasado, la ordenanza 2903 que prohibiría rentar propiedad a indocumentados, quedó suspendida tras la decisión de un juez de aprobar una orden de restricción hasta que demandantes pro inmigrantes y el gobierno municipal vayan a corte o lleguen a un acuerdo.
Cinco demandas encabezadas por grupos pro inmigrantes como la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos (NALEO) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), así como dueños de complejos residenciales, bufetes de abogados y residentes de la ciudad, fueron radicadas contra la medida.
El alcalde Bob Phelps, aclaró que no puede referirse a la situación legal pendiente ni a lo que hará el Concejo frente a los litigios en proceso, pero sí dijo que "en cinco o diez años visualizo a Farmers Branch como un gran problema".
El concejal O'Hare no respondió las llamadas de La Estrella.
La factura económica que podría ser endosada a sus residentes aún no ha sido liquidada, pues los procesos para la mayoría de los pleitos aún continúan.
Charles Cox, director de finanzas del municipio, explicó que hasta el momento se reportan 438,612 dólares de desembolso en gastos legales; el dinero proviene de fondos generales de la ciudad y del fondo de donaciones para la defensa legal, creado por ciudadanos simpatizantes de la ordenanza y que ha recaudado hasta ahora 39,449 dólares.
Por su parte Gerald Henigsman, vicepresidente ejecutivo de Apartment Association Greater of Dallas, (AAGD) señaló que la comunidad hispana ha sido la más afectada con la secuela del nuevo reglamento.
Mencionó que de momento era difícil cuantificar las pérdidas económicas, pero confía en que la ordenanza sea desechada.
Guillermo Gil, propietario del Salón Gil, desde hace tres años, dijo que antes la afluencia de clientes al negocio era muy buena, pero después de la ordenanza la gente dejó de ir.
"Resentimos los efectos de la ordenanza, casi no había consumo, la gente temía salir a la calle; en respuesta a ello nos agrupamos y formamos la Cámara de Comercio Hispana, (CCHFB)", apuntó Gil.
Marina Rivera, residente legal de Farmers Branch desde hace 18 años, dijo estar molesta por los constantes ataques que algunos de sus vecinos le hacen por su origen y porque parte de sus impuestos puedan ser destinados a costear gastos legales por las demandas.
"Además de sufrir la humillación de los vecinos por tacharnos de indocumentados por ser latinos, tenemos que pagar por los errores de irresponsabilidad política del concejo de la ciudad", aseveró Rivera.
Efectos secundarios
La atmósfera antiinmigrante ha generado también otro tipo de costos, coinciden abogados, académicos y líderes comunitarios.
Roberto Calderón, catedrático de historia de la University of North Texas (UNT), explicó que el precio pagado por la comunidad después del económico, es la pérdida de confianza hacia el concejo de Farmers Branch.
"Aunque fallidos, la ordenanza tuvo sus efectos, el sentimiento de rechazo hacia la comunidad latina de los grupos conservadores y antiinmigrantes existe; el miedo a que los hispanos como la primera minoría en los Estados Unidos prevalezca es real, es una lucha que se vive a diario; dentro de 20 años el rostro de esta región será latino y eso es innegable", aseveró Calderón.
Más allá del dinero es la imagen pública ante el resto del país y del mundo, es el quebranto de las relaciones entre las diversas etnias existentes en FB, el aumento de la tensión racial entre la misma comunidad y los efectos psicológicos en la población inmigrante por el solo hecho de sentirse rechazados", señaló Héctor Flores, activista local y miembro de LULAC.
Margaret Donelly, abogada experta en inmigración, dijo que una de las grandes fallas que propició este clima antiinmigrante es la falta de capacidad intelectual del actual concejo y la incipiente infraestructura del municipio para conciliar intereses.
"A cambio buscaron tener un chivo expiatorio que pague las culpas de su irresponsabilidad política", aseguró Donelly.
Pero José Gálvez, ex candidato a concejal, dijo que dentro de los efectos negativos que generó la ordenanza 2903, hay algunos positivos.
El ex candidato dijo que la comunidad latina demostró su interés político y ello abrió las puertas para que su voz sea escuchada en las urnas.
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
FARMERS BRANCH -- Un año después de que el concejal Tim O'Hare convirtiera a Farmers Branch en la primera ciudad de Texas que intentara cerrar las puertas a los indocumentados, el balance que la discusión ha dejado a ese suburbio es negativo.
Luego de ser ratificada en las urnas el 12 de mayo pasado, la ordenanza 2903 que prohibiría rentar propiedad a indocumentados, quedó suspendida tras la decisión de un juez de aprobar una orden de restricción hasta que demandantes pro inmigrantes y el gobierno municipal vayan a corte o lleguen a un acuerdo.
Cinco demandas encabezadas por grupos pro inmigrantes como la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos (NALEO) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), así como dueños de complejos residenciales, bufetes de abogados y residentes de la ciudad, fueron radicadas contra la medida.
El alcalde Bob Phelps, aclaró que no puede referirse a la situación legal pendiente ni a lo que hará el Concejo frente a los litigios en proceso, pero sí dijo que "en cinco o diez años visualizo a Farmers Branch como un gran problema".
El concejal O'Hare no respondió las llamadas de La Estrella.
La factura económica que podría ser endosada a sus residentes aún no ha sido liquidada, pues los procesos para la mayoría de los pleitos aún continúan.
Charles Cox, director de finanzas del municipio, explicó que hasta el momento se reportan 438,612 dólares de desembolso en gastos legales; el dinero proviene de fondos generales de la ciudad y del fondo de donaciones para la defensa legal, creado por ciudadanos simpatizantes de la ordenanza y que ha recaudado hasta ahora 39,449 dólares.
Por su parte Gerald Henigsman, vicepresidente ejecutivo de Apartment Association Greater of Dallas, (AAGD) señaló que la comunidad hispana ha sido la más afectada con la secuela del nuevo reglamento.
Mencionó que de momento era difícil cuantificar las pérdidas económicas, pero confía en que la ordenanza sea desechada.
Guillermo Gil, propietario del Salón Gil, desde hace tres años, dijo que antes la afluencia de clientes al negocio era muy buena, pero después de la ordenanza la gente dejó de ir.
"Resentimos los efectos de la ordenanza, casi no había consumo, la gente temía salir a la calle; en respuesta a ello nos agrupamos y formamos la Cámara de Comercio Hispana, (CCHFB)", apuntó Gil.
Marina Rivera, residente legal de Farmers Branch desde hace 18 años, dijo estar molesta por los constantes ataques que algunos de sus vecinos le hacen por su origen y porque parte de sus impuestos puedan ser destinados a costear gastos legales por las demandas.
"Además de sufrir la humillación de los vecinos por tacharnos de indocumentados por ser latinos, tenemos que pagar por los errores de irresponsabilidad política del concejo de la ciudad", aseveró Rivera.
Efectos secundarios
La atmósfera antiinmigrante ha generado también otro tipo de costos, coinciden abogados, académicos y líderes comunitarios.
Roberto Calderón, catedrático de historia de la University of North Texas (UNT), explicó que el precio pagado por la comunidad después del económico, es la pérdida de confianza hacia el concejo de Farmers Branch.
"Aunque fallidos, la ordenanza tuvo sus efectos, el sentimiento de rechazo hacia la comunidad latina de los grupos conservadores y antiinmigrantes existe; el miedo a que los hispanos como la primera minoría en los Estados Unidos prevalezca es real, es una lucha que se vive a diario; dentro de 20 años el rostro de esta región será latino y eso es innegable", aseveró Calderón.
Más allá del dinero es la imagen pública ante el resto del país y del mundo, es el quebranto de las relaciones entre las diversas etnias existentes en FB, el aumento de la tensión racial entre la misma comunidad y los efectos psicológicos en la población inmigrante por el solo hecho de sentirse rechazados", señaló Héctor Flores, activista local y miembro de LULAC.
Margaret Donelly, abogada experta en inmigración, dijo que una de las grandes fallas que propició este clima antiinmigrante es la falta de capacidad intelectual del actual concejo y la incipiente infraestructura del municipio para conciliar intereses.
"A cambio buscaron tener un chivo expiatorio que pague las culpas de su irresponsabilidad política", aseguró Donelly.
Pero José Gálvez, ex candidato a concejal, dijo que dentro de los efectos negativos que generó la ordenanza 2903, hay algunos positivos.
El ex candidato dijo que la comunidad latina demostró su interés político y ello abrió las puertas para que su voz sea escuchada en las urnas.
Patrones y empleados, sin negocio y sin empleo
Publicado el viernes 17 de augusto del 2007
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- Cinco familias que dependían del sustento derivado por el trabajo de limpieza que hacían algunos de sus familiares en una sala de cine en Dallas, se verán afectadas luego de que la patrona anunció que tendrá que prescindir de ellos.
"Estoy entre la espada y la pared, por una parte sé que la ley se debe aplicar y los ciudadanos de este país tienen prioridades en el empleo, pero siendo honestos, será difícil que un residente o ciudadano quiera trabajar por un bajo salario y en horario nocturno", explicó Ana Berta Ramírez, quien pidió no usar su identidad propia ni identificar la sala de cine donde trabaja.
La subcontratista tomó la decisión de desocupar a sus trabajadores a raíz de las medidas anunciadas la semana pasada para combatir la presencia de trabajadores indocumentados en el país.
La mexicana Rosa Betancourt y madre soltera de tres niños, es una de las despedidas. Betancourt también solicitó cambiar su nombre.
"Me dijeron que ya no podía seguir trabajando porque no tenía seguro social válido y que me 'invitaban' a que regularizara mi situación, pues ya no querían a personas sin documentos en este trabajo", explicó.
Betancourt dijo tener más de siete años trabajando en la limpieza nocturna del cine y señaló que jamás había vivido una situación tan difícil.
Su ex patrona dijo que dejará la representación del negocio, pues argumentó que tendría que contratar a personal con documentos en regla y con salarios más altos que el negocio no permitirá solventar.
Llegan a La Casita
Un caso similar vive Herlindo Sosa, que pidió cambiar su nombre, padre de dos niñas y ex trabajador de un vivero.
Tras cuatro años de trabajo en el vivero Sosa fue notificado por su patrón que ya no hay más trabajo para él , pues hallaron en su expediente laboral una inconsistencia con su seguro social.
"Cuando vi la mirada de mi patrón sabía que algo no estaba bien, pues nunca se había portado tan serio conmigo, pero ¡ni modo habrá que buscar otro trabajo!, lo malo es que en todos lados le piden a uno lo mismo y es difícil tenerlo, si por lo menos hubiera una chanza de tener un permiso otra cosa sería", comentó Sosa.
Ahora Sosa acude al Day Labor Center (DLC) de Garland conocido como 'La Casita', en busca de trabajo como jornalero.
Datos suministrados por la administración del DLC indicaron que entre el fin de semana del 11 de agosto y este martes, el número de trabajadores inscritos en busca de empleo subió en un 30 por ciento.
José Jiménez, presidente de la Unión de Jornaleros de Garland, aseguró que el aumento de trabajadores que llegan despedidos ha acarreado más competencia y abaratamiento en el pago de su mano de obra.
"Algunos han decidido partir a sus lugares de origen, otros han buscado espacios en lugares diferentes, y algunos más tienen la esperanza de continuar laborando a un bajo salario", comentó.
Lee Alviar, vocera regional del departamento del seguro social, (SSA), dijo que desde 1979 ese departamento ha enviado 8.4 millones de cartas "no match" a trabajadores, los cuales reflejan en sus datos alguna discordancia, como cambio de apellido, error en el número de seguro social, o en la transmisión de la información.
Y agregó que " las cartas por sí solas no son base para que el empleador tome acción en contra del trabajador".
La vocera aclaró que desde 2007 cada carta 'no match' es acompañada con una carta inserta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en inglés y español.
Dijo que de 250 millones de ingresos que recibe SSA anualmente, el 4 por ciento pertenece a trabajadores cuyo número social no coordina con la información archivada.
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
DALLAS -- Cinco familias que dependían del sustento derivado por el trabajo de limpieza que hacían algunos de sus familiares en una sala de cine en Dallas, se verán afectadas luego de que la patrona anunció que tendrá que prescindir de ellos.
"Estoy entre la espada y la pared, por una parte sé que la ley se debe aplicar y los ciudadanos de este país tienen prioridades en el empleo, pero siendo honestos, será difícil que un residente o ciudadano quiera trabajar por un bajo salario y en horario nocturno", explicó Ana Berta Ramírez, quien pidió no usar su identidad propia ni identificar la sala de cine donde trabaja.
La subcontratista tomó la decisión de desocupar a sus trabajadores a raíz de las medidas anunciadas la semana pasada para combatir la presencia de trabajadores indocumentados en el país.
La mexicana Rosa Betancourt y madre soltera de tres niños, es una de las despedidas. Betancourt también solicitó cambiar su nombre.
"Me dijeron que ya no podía seguir trabajando porque no tenía seguro social válido y que me 'invitaban' a que regularizara mi situación, pues ya no querían a personas sin documentos en este trabajo", explicó.
Betancourt dijo tener más de siete años trabajando en la limpieza nocturna del cine y señaló que jamás había vivido una situación tan difícil.
Su ex patrona dijo que dejará la representación del negocio, pues argumentó que tendría que contratar a personal con documentos en regla y con salarios más altos que el negocio no permitirá solventar.
Llegan a La Casita
Un caso similar vive Herlindo Sosa, que pidió cambiar su nombre, padre de dos niñas y ex trabajador de un vivero.
Tras cuatro años de trabajo en el vivero Sosa fue notificado por su patrón que ya no hay más trabajo para él , pues hallaron en su expediente laboral una inconsistencia con su seguro social.
"Cuando vi la mirada de mi patrón sabía que algo no estaba bien, pues nunca se había portado tan serio conmigo, pero ¡ni modo habrá que buscar otro trabajo!, lo malo es que en todos lados le piden a uno lo mismo y es difícil tenerlo, si por lo menos hubiera una chanza de tener un permiso otra cosa sería", comentó Sosa.
Ahora Sosa acude al Day Labor Center (DLC) de Garland conocido como 'La Casita', en busca de trabajo como jornalero.
Datos suministrados por la administración del DLC indicaron que entre el fin de semana del 11 de agosto y este martes, el número de trabajadores inscritos en busca de empleo subió en un 30 por ciento.
José Jiménez, presidente de la Unión de Jornaleros de Garland, aseguró que el aumento de trabajadores que llegan despedidos ha acarreado más competencia y abaratamiento en el pago de su mano de obra.
"Algunos han decidido partir a sus lugares de origen, otros han buscado espacios en lugares diferentes, y algunos más tienen la esperanza de continuar laborando a un bajo salario", comentó.
Lee Alviar, vocera regional del departamento del seguro social, (SSA), dijo que desde 1979 ese departamento ha enviado 8.4 millones de cartas "no match" a trabajadores, los cuales reflejan en sus datos alguna discordancia, como cambio de apellido, error en el número de seguro social, o en la transmisión de la información.
Y agregó que " las cartas por sí solas no son base para que el empleador tome acción en contra del trabajador".
La vocera aclaró que desde 2007 cada carta 'no match' es acompañada con una carta inserta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en inglés y español.
Dijo que de 250 millones de ingresos que recibe SSA anualmente, el 4 por ciento pertenece a trabajadores cuyo número social no coordina con la información archivada.
Monday, June 11, 2007
Preparan los alegatos a favor y en contra
Publicado el viernes 08 de junio del 2007
Futuro de la ordenanza se perfilará próximo 19 de junio
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
FARMERS BRANCH -- Abogados del municipio de Farmers Branch, así como representantes legales de grupos proinmigrantes y dueños de apartamentos en ese suburbio, tienen que entregar este viernes en un folio de no más de 10 páginas, sus argumentos para defender o atacar la ordenanza 2903 que prohibiría rentar vivienda a indocumentados en Farmers Branch.
El juez federal Sam Lindsay, también dio hasta el lunes para que los abogados del municipio respondan a las preguntas de los demandantes, hechas durante la audiencia del martes 5 de junio, cuando Lindsay extendió la orden de restricción temporal aprobada el 21 de mayo pasado y que interrumpió la entrada en vigor del reglamento municipal.
El juez dio hasta el 19 de junio para decidir si la ordenanza se aplica o va a juicio por las tres demandas que se han interpuesto en su contra.
El reglamento obliga a los administradores de complejos de apartamentos a verificar el estatus migratorio de quienes renten sus unidades, y fija una multa de hasta 500 dólares diarios por inquilino a quienes violen dicha disposición.
Isabel Mondragón, una madre soltera oriunda de México y que vive en Farmers Branch, despertó asustada este martes 5 de junio.
"Mis hijos y yo sabíamos que algo iba a suceder, pero como no tenemos recursos para poder buscar otro lugar, sabíamos que deberíamos esperar y pensar en que ocurriría un milagro", dijo Mondragón.
Mantienen premisa
En una jornada que duró tres horas, los abogados del municipio encabezados por Matthew Boyle, presentaron tres versiones de la ordenanza 2903 al juez.
En esencia el reglamento mantiene la premisa de que los indocumentados no pueden vivir en esa ciudad, pero intenta variar el mecanismo a través del cual se exigirán los documentos de permanencia legal a los inquilinos.
Como está actualmente el reglamento exige que sean los caseros quienes pidan los documentos y permite a los inquilinos que quieran disputar la decisión de no darles renta, en una reunión con inspectores municipales y adjuntando sus documentos.
Boyle salió de la sesión sin permitir preguntas y declinó dar comentarios. En su intervención ante el juez el abogado dijo que alguna de las tres versiones podría adoptarse para volver a redactar la ordenanza y aplicarla.
Jim Renard, abogado del despacho Bickel & Brewer, que representa a tres dueños de apartamentos en Farmers Branch, dijo que la posición de la ciudad en los alegatos, dejó en evidencia que están perdiendo el caso.
"Este tipo de movimiento -- presentación de las tres opciones de ordenanza-- es la aceptación de que están teniendo problemas", declaró Renard.
Por su parte Nina Perales representante del Fondo Mexico Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef) y la Unión Estadounidense de Derechos Cívicos (ACLU), argumentó que la posición de Boyle al pretender que el juez decidiera por alguna de las tres versiones de ordenanza expuestas en sus alegatos no es admisible.
"Aquí de lo que se trata es de definir si esta ordenanza es anticonstitucional o no", dijo Perales, y agregó que Maldef continuará trabajando para poder bloquear la ordenanza e impedir su aplicación.
Por su parte David Koch, elegido concejal del distrito 4 de Farmers Branch y quien asistió a la audiencia, declaró que aún no se ha dicho la última palabra y que habría que esperar al 19 de junio, cuando se decidiría la suerte de la 2903.
La abogada Adelfa Callejo, también activista comunitaria, se presentó en la audiencia y señaló que la extensión de tiempo otorgada por Lindsay permitirá presentar nuevos y mejores argumentos.
"Esta ordenanza es completamente anticonstitucional, pues viola las leyes federales y los derechos de las personas, habrá que esperar al decreto, pero estoy segura que nos va a favorecer", aseveró Callejo, opuesta al reglamento.
A su turno José Gálvez, ex candidato al distrito 1, dijo que es imposible que el juez acepte las condiciones planteadas por la ciudad.
Elizabeth Villafranca, ex presidenta de LULAC en Farmers Branch declaró que la audiencia del martes mostró una vez más que la razón triunfará y agregó que "los abogados del municipio de Farmers Branch reflejaron demasiadas dudas en el desarrollo de los alegatos; es un indicativo de que la 2903 será derrotada".
En medio de la incertidumbre Isabel Mondragón decidió buscar otro lugar para vivir pues no quiere arriesgarse a que se aplique el reglamento y ella tenga que salir intempestivamente.
Futuro de la ordenanza se perfilará próximo 19 de junio
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
FARMERS BRANCH -- Abogados del municipio de Farmers Branch, así como representantes legales de grupos proinmigrantes y dueños de apartamentos en ese suburbio, tienen que entregar este viernes en un folio de no más de 10 páginas, sus argumentos para defender o atacar la ordenanza 2903 que prohibiría rentar vivienda a indocumentados en Farmers Branch.
El juez federal Sam Lindsay, también dio hasta el lunes para que los abogados del municipio respondan a las preguntas de los demandantes, hechas durante la audiencia del martes 5 de junio, cuando Lindsay extendió la orden de restricción temporal aprobada el 21 de mayo pasado y que interrumpió la entrada en vigor del reglamento municipal.
El juez dio hasta el 19 de junio para decidir si la ordenanza se aplica o va a juicio por las tres demandas que se han interpuesto en su contra.
El reglamento obliga a los administradores de complejos de apartamentos a verificar el estatus migratorio de quienes renten sus unidades, y fija una multa de hasta 500 dólares diarios por inquilino a quienes violen dicha disposición.
Isabel Mondragón, una madre soltera oriunda de México y que vive en Farmers Branch, despertó asustada este martes 5 de junio.
"Mis hijos y yo sabíamos que algo iba a suceder, pero como no tenemos recursos para poder buscar otro lugar, sabíamos que deberíamos esperar y pensar en que ocurriría un milagro", dijo Mondragón.
Mantienen premisa
En una jornada que duró tres horas, los abogados del municipio encabezados por Matthew Boyle, presentaron tres versiones de la ordenanza 2903 al juez.
En esencia el reglamento mantiene la premisa de que los indocumentados no pueden vivir en esa ciudad, pero intenta variar el mecanismo a través del cual se exigirán los documentos de permanencia legal a los inquilinos.
Como está actualmente el reglamento exige que sean los caseros quienes pidan los documentos y permite a los inquilinos que quieran disputar la decisión de no darles renta, en una reunión con inspectores municipales y adjuntando sus documentos.
Boyle salió de la sesión sin permitir preguntas y declinó dar comentarios. En su intervención ante el juez el abogado dijo que alguna de las tres versiones podría adoptarse para volver a redactar la ordenanza y aplicarla.
Jim Renard, abogado del despacho Bickel & Brewer, que representa a tres dueños de apartamentos en Farmers Branch, dijo que la posición de la ciudad en los alegatos, dejó en evidencia que están perdiendo el caso.
"Este tipo de movimiento -- presentación de las tres opciones de ordenanza-- es la aceptación de que están teniendo problemas", declaró Renard.
Por su parte Nina Perales representante del Fondo Mexico Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef) y la Unión Estadounidense de Derechos Cívicos (ACLU), argumentó que la posición de Boyle al pretender que el juez decidiera por alguna de las tres versiones de ordenanza expuestas en sus alegatos no es admisible.
"Aquí de lo que se trata es de definir si esta ordenanza es anticonstitucional o no", dijo Perales, y agregó que Maldef continuará trabajando para poder bloquear la ordenanza e impedir su aplicación.
Por su parte David Koch, elegido concejal del distrito 4 de Farmers Branch y quien asistió a la audiencia, declaró que aún no se ha dicho la última palabra y que habría que esperar al 19 de junio, cuando se decidiría la suerte de la 2903.
La abogada Adelfa Callejo, también activista comunitaria, se presentó en la audiencia y señaló que la extensión de tiempo otorgada por Lindsay permitirá presentar nuevos y mejores argumentos.
"Esta ordenanza es completamente anticonstitucional, pues viola las leyes federales y los derechos de las personas, habrá que esperar al decreto, pero estoy segura que nos va a favorecer", aseveró Callejo, opuesta al reglamento.
A su turno José Gálvez, ex candidato al distrito 1, dijo que es imposible que el juez acepte las condiciones planteadas por la ciudad.
Elizabeth Villafranca, ex presidenta de LULAC en Farmers Branch declaró que la audiencia del martes mostró una vez más que la razón triunfará y agregó que "los abogados del municipio de Farmers Branch reflejaron demasiadas dudas en el desarrollo de los alegatos; es un indicativo de que la 2903 será derrotada".
En medio de la incertidumbre Isabel Mondragón decidió buscar otro lugar para vivir pues no quiere arriesgarse a que se aplique el reglamento y ella tenga que salir intempestivamente.
Friday, June 1, 2007
LULAC aún sin titular en Farmers Branch
Publicado el viernes 01 de junio del 2007
By LUIS ÁNGEL GALVÁN
FARMERS BRANCH -- Este domingo 27 de mayo se cumplieron dos meses de la renuncia de Elizabeth Villafranca como cabeza del capítulo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Farmers Branch donde, pese a que ese suburbio se convirtió en el epicentro del debate migratorio en el norte de Texas, LULAC aún no decide quién tomará la rienda de la organización.
Luis de la Garza, quien funge como presidente provisional de LULAC en Farmers Branch, reconoció que hasta el momento no se ha tomado una decisión "seria", sobre quién ocupará la presidencia de ese capítulo local y aclaró que él no se interesa en esa responsabilidad.
"Reconozco que ha habido poca atención por parte de nuestras autoridades hacia esta ciudad", dijo De la Garza, quien tiene además el puesto de secretario de relaciones exteriores de LULAC.
La Estrella no tuvo éxito en contactar a Rosa Rosales, presidenta nacional de LULAC y residente de San Antonio, Texas, pero Elia Mendoza, asistente de Rosales, respondió que "en estos momentos la atención de LULAC está enfocada en Washington con la reforma migratoria".
"Arreglar el asunto de Farmers Branch es cuestión interna", agregó Mendoza.
Marisol Pérez representante legal del Fondo México Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF), que encabeza una demanda contra el municipio de FB por la ordenanza 2903, dijo que el trabajo de estas organizaciones "está apoyado en sus representaciones locales, que son las que permiten tener credibilidad en la comunidad".
La abogada Pérez puntualiza: "No puedes tener éxito nacional si no tienes una buena base local".
Una de las cabezas más visibles de LULAC en el Metroplex es el abogado Domingo García, uno de los gestores de la Mega Marcha de abril de 2006 y activo militante de LULAC por el capítulo 102.
Sin embargo a García atribuye Villafranca su renuncia de la cabeza de LULAC en esa ciudad.
La ex presidenta alega que García dio mal uso a una declaración escrita que ella emitió relatando ser objeto de acoso del grupo Support Farmers Branch, simpatizante de la ordenanza 2903.
Elia Mendoza asistente de Rosales, dijo con respecto a la renuncia de Villafranca que "es obvio que LULAC no tiene presencia ahí y la representante renunció por miedo, por conflicto de intereses".
García sin embargo siente que la falta de un líder titular de LULAC en Farmers Branch no implica que el capítulo esté a la deriva.
"En este momento hay una representación en ese capítulo", dijo refiriéndose a De la Garza.
Sobre el papel de la directiva nacional, García dijo que "nosotros no necesitamos de Rosales para que resuelva esta situación, para eso están los mandos a nivel local".
Pero Villafranca dijo que nunca hubo una comunicación real entre Farmers Branch y la directiva nacional y lamentó que siendo ese suburbio, en estos momentos, el foco rojo del debate migratorio en Texas, "no se le haya dado la atención debida".
Para Héctor Flores, activista de Dallas y ex presidente nacional de LULAC, es cierto que la prioridad de la organización está en Washington.
No obstante Flores, sin abundar en detalles, afirma que "Farmers Branch sí está en la agenda de LULAC".
El profesor de historia de la University of North Texas (UNT), Roberto Calderón cree que "la gente de esa ciudad debe ser la que decida si quiere una representación de una organización, y no necesariamente tiene que ser LULAC".
Según Patricia Juárez, coordinadora de Redes Ciudadanas en Dallas, la división García-Villafranca "influenció negativamente la credibilidad de los votantes y la de sus representantes comunitarios".
Jesse Díaz, presidente de LULAC en Dallas, dice que los hispanos en FB no necesitan a LULAC para entender el poder de su voto.
De la Garza informó de una reunión el 31 de mayo para elegir titular de LULAC en FB.
By LUIS ÁNGEL GALVÁN
FARMERS BRANCH -- Este domingo 27 de mayo se cumplieron dos meses de la renuncia de Elizabeth Villafranca como cabeza del capítulo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Farmers Branch donde, pese a que ese suburbio se convirtió en el epicentro del debate migratorio en el norte de Texas, LULAC aún no decide quién tomará la rienda de la organización.
Luis de la Garza, quien funge como presidente provisional de LULAC en Farmers Branch, reconoció que hasta el momento no se ha tomado una decisión "seria", sobre quién ocupará la presidencia de ese capítulo local y aclaró que él no se interesa en esa responsabilidad.
"Reconozco que ha habido poca atención por parte de nuestras autoridades hacia esta ciudad", dijo De la Garza, quien tiene además el puesto de secretario de relaciones exteriores de LULAC.
La Estrella no tuvo éxito en contactar a Rosa Rosales, presidenta nacional de LULAC y residente de San Antonio, Texas, pero Elia Mendoza, asistente de Rosales, respondió que "en estos momentos la atención de LULAC está enfocada en Washington con la reforma migratoria".
"Arreglar el asunto de Farmers Branch es cuestión interna", agregó Mendoza.
Marisol Pérez representante legal del Fondo México Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF), que encabeza una demanda contra el municipio de FB por la ordenanza 2903, dijo que el trabajo de estas organizaciones "está apoyado en sus representaciones locales, que son las que permiten tener credibilidad en la comunidad".
La abogada Pérez puntualiza: "No puedes tener éxito nacional si no tienes una buena base local".
Una de las cabezas más visibles de LULAC en el Metroplex es el abogado Domingo García, uno de los gestores de la Mega Marcha de abril de 2006 y activo militante de LULAC por el capítulo 102.
Sin embargo a García atribuye Villafranca su renuncia de la cabeza de LULAC en esa ciudad.
La ex presidenta alega que García dio mal uso a una declaración escrita que ella emitió relatando ser objeto de acoso del grupo Support Farmers Branch, simpatizante de la ordenanza 2903.
Elia Mendoza asistente de Rosales, dijo con respecto a la renuncia de Villafranca que "es obvio que LULAC no tiene presencia ahí y la representante renunció por miedo, por conflicto de intereses".
García sin embargo siente que la falta de un líder titular de LULAC en Farmers Branch no implica que el capítulo esté a la deriva.
"En este momento hay una representación en ese capítulo", dijo refiriéndose a De la Garza.
Sobre el papel de la directiva nacional, García dijo que "nosotros no necesitamos de Rosales para que resuelva esta situación, para eso están los mandos a nivel local".
Pero Villafranca dijo que nunca hubo una comunicación real entre Farmers Branch y la directiva nacional y lamentó que siendo ese suburbio, en estos momentos, el foco rojo del debate migratorio en Texas, "no se le haya dado la atención debida".
Para Héctor Flores, activista de Dallas y ex presidente nacional de LULAC, es cierto que la prioridad de la organización está en Washington.
No obstante Flores, sin abundar en detalles, afirma que "Farmers Branch sí está en la agenda de LULAC".
El profesor de historia de la University of North Texas (UNT), Roberto Calderón cree que "la gente de esa ciudad debe ser la que decida si quiere una representación de una organización, y no necesariamente tiene que ser LULAC".
Según Patricia Juárez, coordinadora de Redes Ciudadanas en Dallas, la división García-Villafranca "influenció negativamente la credibilidad de los votantes y la de sus representantes comunitarios".
Jesse Díaz, presidente de LULAC en Dallas, dice que los hispanos en FB no necesitan a LULAC para entender el poder de su voto.
De la Garza informó de una reunión el 31 de mayo para elegir titular de LULAC en FB.
Iglesia local daría refugio a inmigrantes
Publicado el viernes 04 de mayo del 2007
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
DALLAS -- La michoacana Elvira Arellano celebrará el Día de la Madre cuando se cumplan nueve meses de su refugio en la Iglesia Adalberto United Methodist de Chicago.
Oriunda de Marabatio, Michoacán, Arellano se ha convertido en símbolo de las madres inmigrantes que luchan porque llegue un cambio en las leyes que evite las deportaciones y la separación de familias.
La mexicana fue arrestada en 2002 y hallada culpable por usar un número de seguro social falso y recibió una condena de tres años de libertad condicional.
La ex secretaria ejecutiva, que se desempeñó en Chicago como trabajadora de limpieza para el aeropuerto O'Hare, ignoró repetidamente las órdenes de presentación ante jueces de inmigración y ahora tiene una orden de deportación pendiente.
"Veo a mi niño y no me arrepiento, continuaré aquí hasta que se logre una respuesta positiva porque no sólo soy yo sino los más de 12 millones de indocumentados que ya estamos en este país", dijo.
"Hay muchas cosas que no puedo compartir con Saúl allá afuera, pero trato de darle el mayor tiempo posible aquí adentro, es duro ser mamá y papá al mismo tiempo, pero con la ayuda de Dios he logrado que mi hijo pueda sentirse mejor", dijo.
El temor de Arellano se ha multiplicado en decenas de madres a nivel nacional que han visto crecer la posibilidad de ser separadas de sus hijos tras la realización de redadas masivas.
La casa de todos
En el año fiscal 2006 fueron deportadas 195,024 personas, una cifra que ascendió comparada con las 173,363 deportaciones del año previo, según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
En los primeros seis meses de este año fiscal ha sido125,405 las deportaciones registradas según la misma agencia.
En Dallas donde de los 1.2 millones de habitantes, 516 mil son inmigrantes hispanos y sólo unos 258 mil están naturalizados según una investigación de la revista D Magazine, las iglesias no muestran temor ante la posibilidad de darle refugio a los que no tienen documentos.
"El concepto de santuario fuera del concepto religioso es un fenómeno nuevo, la iglesia tiene la libertad de usar sus instalaciones como quiera, técnicamente no hay nada que evite que ellos den refugio a una o varias personas", explicó el abogado experto en inmigración Ángel Cruz.
Cruz agregó que las consecuencias legales a las que se enfrentaría la iglesia no existen entendiendo que la misma iglesia tendría que respetar las leyes, así como el gobierno debe respetar el lugar.
Eduardo González, rector de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas, afirmó que la iglesia es "la casa de todos" sin importar estatus migratorio.
"Esta es la casa de Dios, el inmigrante es hijo de Dios y esta nación está formada de inmigrantes", dijo González.
"Apoyar al inmigrante es una estafeta que ha sido pasada por el obispo saliente Charles V. Grahmann y que nosotros con gusto hemos tomado para continuar con ella", agregó.
Esta semana tomó posesión el obispo Kevin Farrell en reemplazo de Grahmann, quien abiertamente expresó su apoyo a la causa inmigrante en su participación en las marchas de 2006 y en el rally del pasado 1 de abril.
Para Daniel Flores, pastor de la Trinidad United Methodist Church en Fort Worth, el hecho de que una persona tome a la iglesia como santuario, permite definir a este concepto "más allá de lo tradicional".
"A la iglesia no le importa si el creyente tiene documentos o no, si habla inglés o no lo entiende, las puertas siempre están abiertas", enfatizó Flores.
En el suburbio metropolitano de Farmers Branch, donde el 12 de mayo los electores votarán para aceptar o rechazar una ordenanza que pretende prohibir la renta de vivienda a indocumentados, líderes comunitarios han invocado preceptos religiosos y han llevado símbolos como cruces e imágenes de la Virgen María para pedir respeto a los inmigrantes.
Henry Roncancio, pastor de la Iglesia de Cristo en Farmers Branch, definió el santuario como "el acto de la comunidad, el lugar en sí mismo", dijo "es un recurso pero auspiciado por la misma comunidad".
Pero Clark Kirby, director del capítulo norte de los Minuteman en Texas, señaló que quien esté ilegalmente en el país debe obedecer las leyes de inmigración, por eso dijo que Arellano debe ser sancionada como corresponde.
"La respuesta en el Congreso seguramente será la de aplicación total de las leyes, no pueden estar en las calles siempre cubriéndose los rostros e ignorar las leyes", dijo refiriéndose a los inmigrantes sin documentos.
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
DALLAS -- La michoacana Elvira Arellano celebrará el Día de la Madre cuando se cumplan nueve meses de su refugio en la Iglesia Adalberto United Methodist de Chicago.
Oriunda de Marabatio, Michoacán, Arellano se ha convertido en símbolo de las madres inmigrantes que luchan porque llegue un cambio en las leyes que evite las deportaciones y la separación de familias.
La mexicana fue arrestada en 2002 y hallada culpable por usar un número de seguro social falso y recibió una condena de tres años de libertad condicional.
La ex secretaria ejecutiva, que se desempeñó en Chicago como trabajadora de limpieza para el aeropuerto O'Hare, ignoró repetidamente las órdenes de presentación ante jueces de inmigración y ahora tiene una orden de deportación pendiente.
"Veo a mi niño y no me arrepiento, continuaré aquí hasta que se logre una respuesta positiva porque no sólo soy yo sino los más de 12 millones de indocumentados que ya estamos en este país", dijo.
"Hay muchas cosas que no puedo compartir con Saúl allá afuera, pero trato de darle el mayor tiempo posible aquí adentro, es duro ser mamá y papá al mismo tiempo, pero con la ayuda de Dios he logrado que mi hijo pueda sentirse mejor", dijo.
El temor de Arellano se ha multiplicado en decenas de madres a nivel nacional que han visto crecer la posibilidad de ser separadas de sus hijos tras la realización de redadas masivas.
La casa de todos
En el año fiscal 2006 fueron deportadas 195,024 personas, una cifra que ascendió comparada con las 173,363 deportaciones del año previo, según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
En los primeros seis meses de este año fiscal ha sido125,405 las deportaciones registradas según la misma agencia.
En Dallas donde de los 1.2 millones de habitantes, 516 mil son inmigrantes hispanos y sólo unos 258 mil están naturalizados según una investigación de la revista D Magazine, las iglesias no muestran temor ante la posibilidad de darle refugio a los que no tienen documentos.
"El concepto de santuario fuera del concepto religioso es un fenómeno nuevo, la iglesia tiene la libertad de usar sus instalaciones como quiera, técnicamente no hay nada que evite que ellos den refugio a una o varias personas", explicó el abogado experto en inmigración Ángel Cruz.
Cruz agregó que las consecuencias legales a las que se enfrentaría la iglesia no existen entendiendo que la misma iglesia tendría que respetar las leyes, así como el gobierno debe respetar el lugar.
Eduardo González, rector de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas, afirmó que la iglesia es "la casa de todos" sin importar estatus migratorio.
"Esta es la casa de Dios, el inmigrante es hijo de Dios y esta nación está formada de inmigrantes", dijo González.
"Apoyar al inmigrante es una estafeta que ha sido pasada por el obispo saliente Charles V. Grahmann y que nosotros con gusto hemos tomado para continuar con ella", agregó.
Esta semana tomó posesión el obispo Kevin Farrell en reemplazo de Grahmann, quien abiertamente expresó su apoyo a la causa inmigrante en su participación en las marchas de 2006 y en el rally del pasado 1 de abril.
Para Daniel Flores, pastor de la Trinidad United Methodist Church en Fort Worth, el hecho de que una persona tome a la iglesia como santuario, permite definir a este concepto "más allá de lo tradicional".
"A la iglesia no le importa si el creyente tiene documentos o no, si habla inglés o no lo entiende, las puertas siempre están abiertas", enfatizó Flores.
En el suburbio metropolitano de Farmers Branch, donde el 12 de mayo los electores votarán para aceptar o rechazar una ordenanza que pretende prohibir la renta de vivienda a indocumentados, líderes comunitarios han invocado preceptos religiosos y han llevado símbolos como cruces e imágenes de la Virgen María para pedir respeto a los inmigrantes.
Henry Roncancio, pastor de la Iglesia de Cristo en Farmers Branch, definió el santuario como "el acto de la comunidad, el lugar en sí mismo", dijo "es un recurso pero auspiciado por la misma comunidad".
Pero Clark Kirby, director del capítulo norte de los Minuteman en Texas, señaló que quien esté ilegalmente en el país debe obedecer las leyes de inmigración, por eso dijo que Arellano debe ser sancionada como corresponde.
"La respuesta en el Congreso seguramente será la de aplicación total de las leyes, no pueden estar en las calles siempre cubriéndose los rostros e ignorar las leyes", dijo refiriéndose a los inmigrantes sin documentos.
Juez decidirá ' vida o muerte' de la 2903
Juez decidirá 'vida' o 'muerte' de la 2903
Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
FARMERS BRANCH -- Los inmigrantes indocumentados que viven en Farmers Branch tuvieron esta semana un respiro. La entrada en vigor de la ordenanza 2903, que les niega alquiler de vivienda, fue aplazada hasta el 5 de junio cuando un juez federal determinará si es factible aplicar o no dicho reglamento en el municipio.
La 2903 obliga a los administradores de complejos de apartamentos a verificar el estatus migratorio de quienes renten apartamentos y fija una multa de hasta 500 dólares diarios por inquilino a quienes violen el decreto permitiendo que indocumentados renten.
Tres de los cuatro demandantes contra el municipio obtuvieron el 21 de mayo una orden de restricción que suspende temporalmente la aplicación de la 2903.
Un cuarto demandante, Guillermo Ramos, espera aún los resultados de la audiencia del 5 de junio.
Los pleitos
Las organizaciones Fondo Legal Mexicoamericano para la Defensa y la Educación (Maldef) y la Unión de Libertades Civiles (Aclu), interpusieron el 26 de diciembre de 2006 una demanda contra el reglamento, porque viola las leyes federales y pone a los propietarios de estos complejos de apartamentos en la posición de servir a la ley como agentes federales de inmigración.
Por su parte el despacho legal de Bickel & Brewer, representante de tres propietarios de apartamentos y un grupo de más de 60 comerciantes de la Cámara de Comercio Hispana en Farmers Branch, recibieron el aval en su petición de restricción contra la 2903.
Carlos Quintanilla, impulsor de este recurso por parte de los comerciantes, manifestó que "hemos corregido algunos tecnicismos, el juez no rechazó nuestra demanda y en la audiencia expondremos nuestros argumentos y la manera en que esta ordenanza ha afectado a los comerciantes".
Pero Sam Acebes, residente de Farmers Branch, señaló que "esta ordenanza no es racista ni está en contra de alguien en especial, simplemente es el derecho y la obligación que tiene el municipio de hacer cumplir las leyes".
A principios de esta semana entró en juego una quinta demanda, que no persigue el mismo objetivo de las otras.
La demanda interpuesta por tres residentes de esta ciudad, reclama que el sistema para la elección de los representantes del Concejo no es correcto ni justo, pues los actuales concejales no representan étnica ni proporcionalmente a la población de ese suburbio.
Rolando Ríos, representante legal de los demandantes, manifestó que en este momento el municipio acaba de recibir los documentos de la demanda interpuesta en su contra, por lo que será en un plazo de 20 días a partir de la admisión de la misma, cuando se tenga una respuesta al reclamo legal.
"Estamos seguros de que si la ciudad es distribuida por distritos en los que cada uno pueda tener su propio representante las condiciones serán más justas", expresó Ríos.
"Desde pequeño siempre defendí mi derecho al voto, de adulto y viviendo aquí en Farmers Branch vi cómo este proceso de elección no fue el más correcto, pero sobre todo cómo afectó a la comunidad hispana", dijo Valentine Reyes, uno de los demandantes.
El proceso de elección llevado a cabo en esta ciudad es definido por la mayoría de votos que en su conjunto obtengan los candidatos, como sucedió esta vez con la elección de Tim Scott y David Koch, que ganaron los distritos 1 y 4 con 62 y 64 por ciento de votos respectivamente.
Durante una rueda de prensa el lunes, cuando se anunció la nueva demanda, el abogado Domingo García se refirió al caso de José Gálvez, quien compitió por el distrito 1 y sólo obtuvo 869 votos.
García dijo que si por Gálvez hubieran votado sólo los residentes del distrito 1 y no los de Farmers Branch en total, tal vez el candidato hubiera podido ganar la curul.
Sin embargo, Quintanilla que apoyó a Gálvez en la campaña, llamó a esta nueva demanda "oportunista" y dijo que "faltó valorar el trabajo del único candidato hispano que hizo una campaña limpia y ahora quieren utilizar su nombre para sacar provecho de la situación".
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Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella
FARMERS BRANCH -- Los inmigrantes indocumentados que viven en Farmers Branch tuvieron esta semana un respiro. La entrada en vigor de la ordenanza 2903, que les niega alquiler de vivienda, fue aplazada hasta el 5 de junio cuando un juez federal determinará si es factible aplicar o no dicho reglamento en el municipio.
La 2903 obliga a los administradores de complejos de apartamentos a verificar el estatus migratorio de quienes renten apartamentos y fija una multa de hasta 500 dólares diarios por inquilino a quienes violen el decreto permitiendo que indocumentados renten.
Tres de los cuatro demandantes contra el municipio obtuvieron el 21 de mayo una orden de restricción que suspende temporalmente la aplicación de la 2903.
Un cuarto demandante, Guillermo Ramos, espera aún los resultados de la audiencia del 5 de junio.
Los pleitos
Las organizaciones Fondo Legal Mexicoamericano para la Defensa y la Educación (Maldef) y la Unión de Libertades Civiles (Aclu), interpusieron el 26 de diciembre de 2006 una demanda contra el reglamento, porque viola las leyes federales y pone a los propietarios de estos complejos de apartamentos en la posición de servir a la ley como agentes federales de inmigración.
Por su parte el despacho legal de Bickel & Brewer, representante de tres propietarios de apartamentos y un grupo de más de 60 comerciantes de la Cámara de Comercio Hispana en Farmers Branch, recibieron el aval en su petición de restricción contra la 2903.
Carlos Quintanilla, impulsor de este recurso por parte de los comerciantes, manifestó que "hemos corregido algunos tecnicismos, el juez no rechazó nuestra demanda y en la audiencia expondremos nuestros argumentos y la manera en que esta ordenanza ha afectado a los comerciantes".
Pero Sam Acebes, residente de Farmers Branch, señaló que "esta ordenanza no es racista ni está en contra de alguien en especial, simplemente es el derecho y la obligación que tiene el municipio de hacer cumplir las leyes".
A principios de esta semana entró en juego una quinta demanda, que no persigue el mismo objetivo de las otras.
La demanda interpuesta por tres residentes de esta ciudad, reclama que el sistema para la elección de los representantes del Concejo no es correcto ni justo, pues los actuales concejales no representan étnica ni proporcionalmente a la población de ese suburbio.
Rolando Ríos, representante legal de los demandantes, manifestó que en este momento el municipio acaba de recibir los documentos de la demanda interpuesta en su contra, por lo que será en un plazo de 20 días a partir de la admisión de la misma, cuando se tenga una respuesta al reclamo legal.
"Estamos seguros de que si la ciudad es distribuida por distritos en los que cada uno pueda tener su propio representante las condiciones serán más justas", expresó Ríos.
"Desde pequeño siempre defendí mi derecho al voto, de adulto y viviendo aquí en Farmers Branch vi cómo este proceso de elección no fue el más correcto, pero sobre todo cómo afectó a la comunidad hispana", dijo Valentine Reyes, uno de los demandantes.
El proceso de elección llevado a cabo en esta ciudad es definido por la mayoría de votos que en su conjunto obtengan los candidatos, como sucedió esta vez con la elección de Tim Scott y David Koch, que ganaron los distritos 1 y 4 con 62 y 64 por ciento de votos respectivamente.
Durante una rueda de prensa el lunes, cuando se anunció la nueva demanda, el abogado Domingo García se refirió al caso de José Gálvez, quien compitió por el distrito 1 y sólo obtuvo 869 votos.
García dijo que si por Gálvez hubieran votado sólo los residentes del distrito 1 y no los de Farmers Branch en total, tal vez el candidato hubiera podido ganar la curul.
Sin embargo, Quintanilla que apoyó a Gálvez en la campaña, llamó a esta nueva demanda "oportunista" y dijo que "faltó valorar el trabajo del único candidato hispano que hizo una campaña limpia y ahora quieren utilizar su nombre para sacar provecho de la situación".
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LULAC aún sin titular
LULAC aún sin titular en Farmers Branch
By LUIS ÁNGEL GALVÁN
Villafranca
FARMERS BRANCH -- Este domingo 27 de mayo se cumplieron dos meses de la renuncia de Elizabeth Villafranca como cabeza del capítulo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Farmers Branch donde, pese a que ese suburbio se convirtió en el epicentro del debate migratorio en el norte de Texas, LULAC aún no decide quién tomará la rienda de la organización.
Luis de la Garza, quien funge como presidente provisional de LULAC en Farmers Branch, reconoció que hasta el momento no se ha tomado una decisión "seria", sobre quién ocupará la presidencia de ese capítulo local y aclaró que él no se interesa en esa responsabilidad.
"Reconozco que ha habido poca atención por parte de nuestras autoridades hacia esta ciudad", dijo De la Garza, quien tiene además el puesto de secretario de relaciones exteriores de LULAC.
La Estrella no tuvo éxito en contactar a Rosa Rosales, presidenta nacional de LULAC y residente de San Antonio, Texas, pero Elia Mendoza, asistente de Rosales, respondió que "en estos momentos la atención de LULAC está enfocada en Washington con la reforma migratoria".
"Arreglar el asunto de Farmers Branch es cuestión interna", agregó Mendoza.
Marisol Pérez representante legal del Fondo México Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF), que encabeza una demanda contra el municipio de FB por la ordenanza 2903, dijo que el trabajo de estas organizaciones "está apoyado en sus representaciones locales, que son las que permiten tener credibilidad en la comunidad".
La abogada Pérez puntualiza: "No puedes tener éxito nacional si no tienes una buena base local".
Una de las cabezas más visibles de LULAC en el Metroplex es el abogado Domingo García, uno de los gestores de la Mega Marcha de abril de 2006 y activo militante de LULAC por el capítulo 102.
Sin embargo a García atribuye Villafranca su renuncia de la cabeza de LULAC en esa ciudad.
La ex presidenta alega que García dio mal uso a una declaración escrita que ella emitió relatando ser objeto de acoso del grupo Support Farmers Branch, simpatizante de la ordenanza 2903.
Elia Mendoza asistente de Rosales, dijo con respecto a la renuncia de Villafranca que "es obvio que LULAC no tiene presencia ahí y la representante renunció por miedo, por conflicto de intereses".
García sin embargo siente que la falta de un líder titular de LULAC en Farmers Branch no implica que el capítulo esté a la deriva.
"En este momento hay una representación en ese capítulo", dijo refiriéndose a De la Garza.
Sobre el papel de la directiva nacional, García dijo que "nosotros no necesitamos de Rosales para que resuelva esta situación, para eso están los mandos a nivel local".
Pero Villafranca dijo que nunca hubo una comunicación real entre Farmers Branch y la directiva nacional y lamentó que siendo ese suburbio, en estos momentos, el foco rojo del debate migratorio en Texas, "no se le haya dado la atención debida".
Para Héctor Flores, activista de Dallas y ex presidente nacional de LULAC, es cierto que la prioridad de la organización está en Washington.
No obstante Flores, sin abundar en detalles, afirma que "Farmers Branch sí está en la agenda de LULAC".
El profesor de historia de la University of North Texas (UNT), Roberto Calderón cree que "la gente de esa ciudad debe ser la que decida si quiere una representación de una organización, y no necesariamente tiene que ser LULAC".
Según Patricia Juárez, coordinadora de Redes Ciudadanas en Dallas, la división García-Villafranca "influenció negativamente la credibilidad de los votantes y la de sus representantes comunitarios".
Jesse Díaz, presidente de LULAC en Dallas, dice que los hispanos en FB no necesitan a LULAC para entender el poder de su voto.
De la Garza informó de una reunión el 31 de mayo para elegir titular de LULAC en FB.
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By LUIS ÁNGEL GALVÁN
Villafranca
FARMERS BRANCH -- Este domingo 27 de mayo se cumplieron dos meses de la renuncia de Elizabeth Villafranca como cabeza del capítulo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Farmers Branch donde, pese a que ese suburbio se convirtió en el epicentro del debate migratorio en el norte de Texas, LULAC aún no decide quién tomará la rienda de la organización.
Luis de la Garza, quien funge como presidente provisional de LULAC en Farmers Branch, reconoció que hasta el momento no se ha tomado una decisión "seria", sobre quién ocupará la presidencia de ese capítulo local y aclaró que él no se interesa en esa responsabilidad.
"Reconozco que ha habido poca atención por parte de nuestras autoridades hacia esta ciudad", dijo De la Garza, quien tiene además el puesto de secretario de relaciones exteriores de LULAC.
La Estrella no tuvo éxito en contactar a Rosa Rosales, presidenta nacional de LULAC y residente de San Antonio, Texas, pero Elia Mendoza, asistente de Rosales, respondió que "en estos momentos la atención de LULAC está enfocada en Washington con la reforma migratoria".
"Arreglar el asunto de Farmers Branch es cuestión interna", agregó Mendoza.
Marisol Pérez representante legal del Fondo México Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF), que encabeza una demanda contra el municipio de FB por la ordenanza 2903, dijo que el trabajo de estas organizaciones "está apoyado en sus representaciones locales, que son las que permiten tener credibilidad en la comunidad".
La abogada Pérez puntualiza: "No puedes tener éxito nacional si no tienes una buena base local".
Una de las cabezas más visibles de LULAC en el Metroplex es el abogado Domingo García, uno de los gestores de la Mega Marcha de abril de 2006 y activo militante de LULAC por el capítulo 102.
Sin embargo a García atribuye Villafranca su renuncia de la cabeza de LULAC en esa ciudad.
La ex presidenta alega que García dio mal uso a una declaración escrita que ella emitió relatando ser objeto de acoso del grupo Support Farmers Branch, simpatizante de la ordenanza 2903.
Elia Mendoza asistente de Rosales, dijo con respecto a la renuncia de Villafranca que "es obvio que LULAC no tiene presencia ahí y la representante renunció por miedo, por conflicto de intereses".
García sin embargo siente que la falta de un líder titular de LULAC en Farmers Branch no implica que el capítulo esté a la deriva.
"En este momento hay una representación en ese capítulo", dijo refiriéndose a De la Garza.
Sobre el papel de la directiva nacional, García dijo que "nosotros no necesitamos de Rosales para que resuelva esta situación, para eso están los mandos a nivel local".
Pero Villafranca dijo que nunca hubo una comunicación real entre Farmers Branch y la directiva nacional y lamentó que siendo ese suburbio, en estos momentos, el foco rojo del debate migratorio en Texas, "no se le haya dado la atención debida".
Para Héctor Flores, activista de Dallas y ex presidente nacional de LULAC, es cierto que la prioridad de la organización está en Washington.
No obstante Flores, sin abundar en detalles, afirma que "Farmers Branch sí está en la agenda de LULAC".
El profesor de historia de la University of North Texas (UNT), Roberto Calderón cree que "la gente de esa ciudad debe ser la que decida si quiere una representación de una organización, y no necesariamente tiene que ser LULAC".
Según Patricia Juárez, coordinadora de Redes Ciudadanas en Dallas, la división García-Villafranca "influenció negativamente la credibilidad de los votantes y la de sus representantes comunitarios".
Jesse Díaz, presidente de LULAC en Dallas, dice que los hispanos en FB no necesitan a LULAC para entender el poder de su voto.
De la Garza informó de una reunión el 31 de mayo para elegir titular de LULAC en FB.
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Sunday, April 8, 2007
Concejo aprueba votación pública de la ordenanza
By Luis Ángel Galván
Source: Fort Worth Star-Telegram
Credit: Especial Diario La Estrella
Wednesday, January 10, 2007
Edition: La Estrella,
Section: La Estrella, Page A1
FARMERS BRANCH — Este 12 de mayo la ordenanza 2892 será sometida a votación pública, mientras tanto la medida podría entrar en vigor este viernes 12 de enero, de acuerdo con la votación del lunes en la noche emitida por el concejo de Farmers Branch.
La ordenanza 2892 exije que los dueños y /o administradores de los complejos de apartamentos pidan a los nuevos inquilinos documentos que acrediten su estancia legal.
Los documentos se exigirán a quienes acudan a rentar propiedad a partir del 12 de enero y no aplicará para quienes tengan un contrato desde antes.
Entre los documentos exigidos figuran la tarjeta de residente, el documento de entrada al país conocido como I-94, permiso de trabajo o una declaración que indique que se encuentran en el país legalmente.
Los ciudadanos podrán presentar pasaporte, licencia de conducir o una declaración que diga que son ciudadanos.
Guillermo Ramos, autor de la primera demanda contra el municipio radicó ayer una declaración juramentada pidiendo al juez que lleva la demanda, que interponga una orden de restricción de la ordenanza antes del 22 de enero, que es cuando tendría que pronunciarse.
Marisol Pérez de MALDEF, otro de los demandantes del municipio, también dijo que habían solicitado en diciembre una orden de restricción temporal para suspender la ordenanza.
Sin embargo existe incertidumbre sobre la manera cómo las autoridades del municipio y los dueños de propiedad aplicarán la norma.
Kathy Carlton, directora de asuntos de gobierno de Apartments Association of Great City of Dallas, señaló que "nuestra función no es preguntar si las personas son residentes legales o no, que el municipio se encargue de la revisión", dijo Carlton.
Consultado Jim Olk, inspector general de edificios de Farmers Branch, dijo que en un periodo de 90 días van a estar recibiendo dudas que los propietarios y arrendatarios tengan.
Pero Olk dijo que si alguien duda de la veracidad de los documentos puede llamar directamente al municipio para que éste mande a un inspector que les pueda visitar y aclarar sus dudas.
Ayer Alberto Ruiz , del despacho del activista Domingo García y la presidenta de LULAC en FB Elizabeth Villafranca ofrecieron una plática a los residentes de Cook Creek y Ventana at Valwood en FB, con el fin de explicarles el alcance de la ordenanza.
También ayer un grupo de cerca de 42 comerciantes a través de John Barr & Associates, presentaron una demanda porque la ordenanza 2892 menoscaba su negocio.
"Mucha gente no ha pagado o se ha ido porque tiene miedo de acercarse a la mueblería, en este momento lo único que quieren es liquidar y ya no saber nada de Farmers Branch", dijo Ramón Pacheco, dueño de la mueblería Luxor’s.
El abogado Carlos Quintanilla agregó que invita al público a una vigilia que se llevará a cabo este 12 de enero a partir de las 4 p.m., frente a la casa del concejal Tim O’Hare, con el fin de mostrar inconformidad por la ordenanza 2892.
image: Carlos Quintanilla manifestó inconformidad porque entrará en vigor la ordenanza 2892 pese a que irá a votación pública en mayo.
La ordenanza 2892 exije que los dueños y /o administradores de los complejos de apartamentos pidan a los nuevos inquilinos documentos que acrediten su estancia legal.
Los documentos se exigirán a quienes acudan a rentar propiedad a partir del 12 de enero y no aplicará para quienes tengan un contrato desde antes.
Entre los documentos exigidos figuran la tarjeta de residente, el documento de entrada al país conocido como I-94, permiso de trabajo o una declaración que indique que se encuentran en el país legalmente.
Los ciudadanos podrán presentar pasaporte, licencia de conducir o una declaración que diga que son ciudadanos.
Guillermo Ramos, autor de la primera demanda contra el municipio radicó ayer una declaración juramentada pidiendo al juez que lleva la demanda, que interponga una orden de restricción de la ordenanza antes del 22 de enero, que es cuando tendría que pronunciarse.
Marisol Pérez de MALDEF, otro de los demandantes del municipio, también dijo que habían solicitado en diciembre una orden de restricción temporal para suspender la ordenanza.
Sin embargo existe incertidumbre sobre la manera cómo las autoridades del municipio y los dueños de propiedad aplicarán la norma.
Kathy Carlton, directora de asuntos de gobierno de Apartments Association of Great City of Dallas, señaló que "nuestra función no es preguntar si las personas son residentes legales o no, que el municipio se encargue de la revisión", dijo Carlton.
Consultado Jim Olk, inspector general de edificios de Farmers Branch, dijo que en un periodo de 90 días van a estar recibiendo dudas que los propietarios y arrendatarios tengan.
Pero Olk dijo que si alguien duda de la veracidad de los documentos puede llamar directamente al municipio para que éste mande a un inspector que les pueda visitar y aclarar sus dudas.
Ayer Alberto Ruiz , del despacho del activista Domingo García y la presidenta de LULAC en FB Elizabeth Villafranca ofrecieron una plática a los residentes de Cook Creek y Ventana at Valwood en FB, con el fin de explicarles el alcance de la ordenanza.
También ayer un grupo de cerca de 42 comerciantes a través de John Barr & Associates, presentaron una demanda porque la ordenanza 2892 menoscaba su negocio.
"Mucha gente no ha pagado o se ha ido porque tiene miedo de acercarse a la mueblería, en este momento lo único que quieren es liquidar y ya no saber nada de Farmers Branch", dijo Ramón Pacheco, dueño de la mueblería Luxor’s.
El abogado Carlos Quintanilla agregó que invita al público a una vigilia que se llevará a cabo este 12 de enero a partir de las 4 p.m., frente a la casa del concejal Tim O’Hare, con el fin de mostrar inconformidad por la ordenanza 2892.
image: Carlos Quintanilla manifestó inconformidad porque entrará en vigor la ordenanza 2892 pese a que irá a votación pública en mayo.
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