Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
IRVING -- Angustiada, Ausencia Hernández narró esta semana cómo a su hijo Raúl de 19 años lo detuvo la policía de Irving por una infracción de tránsito y cómo terminó en fila para ser deportado a México.
Líderes comunitarios dijeron que a raíz de la implementación del 24-7 Criminal Alien Program en Irving, el departamento de policía de esta ciudad ha realizado más de 2,380 arrestos con un factor común: son indocumentados latinos.
La inconformidad de la comunidad inmigrante tomó voz multitudinaria esta semana con la realización de una protesta frente al Ayuntamiento municipal de Irving, acto organizado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Acción América y la Asociación de Hondureños, entre otras.
Aunque los cálculos de conteo de asistentes difieren -- la policía asegura que hubo apenas 800 personas y los organizadores sostienen que fueron 2,000-- se evidenció el tajante rechazo de la comunidad hispana de Irving a las detenciones de la policía bajo el CAP.
Bajo una enorme bandera de Estados Unidos, niños latinos hijos de inmigrantes sin documentos jugaban y algunos sostenían pancartas con peticiones para que no deporten a sus padres ni separen a sus familias.
Aunque en la manifestación imperó la compostura, hubo choques menores de los manifestantes con algunos individuos que defendían el cumplimiento a las leyes y la expulsión de los indocumentados como Sue Richardson que forma parte del Club Republicano de Irving.
"Alguien tiene que alzar su voz y apoyar el cumplimiento de las leyes, el alcalde (Herbert Gears) está en lo correcto porque está haciendo su trabajo como debe ser", dijo Richardson a La Estrella.
El alcalde Gears no respondió a los mensajes de La Estrella, pero en declaraciones recientes ha negado que las detenciones se hagan con base en el perfil racial, asimismo comentó al diario Fort Worth Star-Telegram que quienes han sido remitidos a la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron arrestados por conducir sin licencia en la mayoría de los casos.
Un activista de LULAC, Luis de la Garza, dijo que de no otorgarse una moratoria a las detenciones el siguiente paso sería organizar un boicot contra el Irving Mall.
La idea sin embargo no sonó muy viable para algunos que apoyan la causa inmigrante.
El médico Óscar Molina, que presta sus servicios en Irving, dijo que la educación sobre los derechos de los inmigrantes es lo que corresponde hacer a los líderes y no actuar torpemente pensando sólo en sus intereses.
El mexicano Joaquín Esqueda, empleado de mantenimiento, dijo que "con más razón el programa de seguridad se continuará aplicando; creo que debemos respetar para que nos respeten".
Elvia Wallace directora del centro comunitario La Escuelita en Irving, dijo que un boicot sería muy drástico y sólo perjudicaría a los comerciantes.
Wallace defendió al alcalde Gears diciendo que su intención no es romper relaciones con la comunidad hispana y aseguró que después de una reunión que tuvo con él esta semana, se definió que debido a las constantes quejas de la comunidad se haría una investigación para aclararlas contra el CAP.
"Los activistas comunitarios hacen una buena labor, pero no hay necesidad de perder el control para aclarar las diferencias; el gobierno municipal está abierto al diálogo", comentó Wallace.
El sacerdote salvadoreño Pedro Portillo dijo que recaba información sobre posibles detenciones arbitrarias para entablar una posible demanda contra la policía y el gobierno municipal.
Lazos deteriorados
La forma en que opera el 24-7 CAP es permitiendo que los extranjeros detenidos por ofensas criminales y llevados a la cárcel, sean evaluados por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en su estatus de residencia y eventualmente deportados en caso de carecer de documentos legales.
En días pasados el cónsul Enrique Hubard Urrea, sugirió a la comunidad mexicana que evitara pasar por Irving de ser posible.
"La policía de este país no tiene derecho de pedir identificación sin causa justificada; de las detenciones hechas recientemente, no encontramos ningún caso criminal que justifique esta acción, es por eso que lo denunciamos", argumentó el cónsul.
Ante la sugerencia de Hubbard, René Castilla, líder de la Cámara de Comercio Hispana de esta ciudad, se lamentó y dijo que el funcionario debería enfocarse en educar más a su gente.
"Son una lástima las declaraciones del cónsul de México, debería preocuparse en educar a su gente para saber qué hacer, y si México tiene programas para ellos, mejor que se queden allá", dijo Castilla.
Rubén Torres, representante de la organización Valle San Juan 95, manifestó que la situación en Irving es crítica, apoyó las declaraciones de Hubbard, pero criticó la falta de iniciativa de la comunidad para reaccionar.
"A nosotros nos gusta que todo nos llegue a las manos sin necesidad de molestarnos, ya es tiempo de hacer algo y de involucrarnos en temas que nos afectan directamente", dijo.
El asunto no sólo ha afectado a líderes comunitarios, sino también a la relación de Irving con otras ciudades incluso en el contexto internacional.
Por ejemplo para el evento de celebración de ciudades hermanas organizado por el municipio de Irving el próximo 8 de octubre, no vendrá el alcalde de León, Guanajuato.
Con información del Star-Telegram
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