Publicado el viernes 10 de agosto del 2007
Por LUIS ÁNGEL GALVÁN
ESPECIAL LA ESTRELLA
FARMERS BRANCH -- Un año después de que el concejal Tim O'Hare convirtiera a Farmers Branch en la primera ciudad de Texas que intentara cerrar las puertas a los indocumentados, el balance que la discusión ha dejado a ese suburbio es negativo.
Luego de ser ratificada en las urnas el 12 de mayo pasado, la ordenanza 2903 que prohibiría rentar propiedad a indocumentados, quedó suspendida tras la decisión de un juez de aprobar una orden de restricción hasta que demandantes pro inmigrantes y el gobierno municipal vayan a corte o lleguen a un acuerdo.
Cinco demandas encabezadas por grupos pro inmigrantes como la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos (NALEO) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), así como dueños de complejos residenciales, bufetes de abogados y residentes de la ciudad, fueron radicadas contra la medida.
El alcalde Bob Phelps, aclaró que no puede referirse a la situación legal pendiente ni a lo que hará el Concejo frente a los litigios en proceso, pero sí dijo que "en cinco o diez años visualizo a Farmers Branch como un gran problema".
El concejal O'Hare no respondió las llamadas de La Estrella.
La factura económica que podría ser endosada a sus residentes aún no ha sido liquidada, pues los procesos para la mayoría de los pleitos aún continúan.
Charles Cox, director de finanzas del municipio, explicó que hasta el momento se reportan 438,612 dólares de desembolso en gastos legales; el dinero proviene de fondos generales de la ciudad y del fondo de donaciones para la defensa legal, creado por ciudadanos simpatizantes de la ordenanza y que ha recaudado hasta ahora 39,449 dólares.
Por su parte Gerald Henigsman, vicepresidente ejecutivo de Apartment Association Greater of Dallas, (AAGD) señaló que la comunidad hispana ha sido la más afectada con la secuela del nuevo reglamento.
Mencionó que de momento era difícil cuantificar las pérdidas económicas, pero confía en que la ordenanza sea desechada.
Guillermo Gil, propietario del Salón Gil, desde hace tres años, dijo que antes la afluencia de clientes al negocio era muy buena, pero después de la ordenanza la gente dejó de ir.
"Resentimos los efectos de la ordenanza, casi no había consumo, la gente temía salir a la calle; en respuesta a ello nos agrupamos y formamos la Cámara de Comercio Hispana, (CCHFB)", apuntó Gil.
Marina Rivera, residente legal de Farmers Branch desde hace 18 años, dijo estar molesta por los constantes ataques que algunos de sus vecinos le hacen por su origen y porque parte de sus impuestos puedan ser destinados a costear gastos legales por las demandas.
"Además de sufrir la humillación de los vecinos por tacharnos de indocumentados por ser latinos, tenemos que pagar por los errores de irresponsabilidad política del concejo de la ciudad", aseveró Rivera.
Efectos secundarios
La atmósfera antiinmigrante ha generado también otro tipo de costos, coinciden abogados, académicos y líderes comunitarios.
Roberto Calderón, catedrático de historia de la University of North Texas (UNT), explicó que el precio pagado por la comunidad después del económico, es la pérdida de confianza hacia el concejo de Farmers Branch.
"Aunque fallidos, la ordenanza tuvo sus efectos, el sentimiento de rechazo hacia la comunidad latina de los grupos conservadores y antiinmigrantes existe; el miedo a que los hispanos como la primera minoría en los Estados Unidos prevalezca es real, es una lucha que se vive a diario; dentro de 20 años el rostro de esta región será latino y eso es innegable", aseveró Calderón.
Más allá del dinero es la imagen pública ante el resto del país y del mundo, es el quebranto de las relaciones entre las diversas etnias existentes en FB, el aumento de la tensión racial entre la misma comunidad y los efectos psicológicos en la población inmigrante por el solo hecho de sentirse rechazados", señaló Héctor Flores, activista local y miembro de LULAC.
Margaret Donelly, abogada experta en inmigración, dijo que una de las grandes fallas que propició este clima antiinmigrante es la falta de capacidad intelectual del actual concejo y la incipiente infraestructura del municipio para conciliar intereses.
"A cambio buscaron tener un chivo expiatorio que pague las culpas de su irresponsabilidad política", aseguró Donelly.
Pero José Gálvez, ex candidato a concejal, dijo que dentro de los efectos negativos que generó la ordenanza 2903, hay algunos positivos.
El ex candidato dijo que la comunidad latina demostró su interés político y ello abrió las puertas para que su voz sea escuchada en las urnas.
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