Demanda busca que FB desista de su política contra los inmigrantes

Publicado el viernes 26 de septiembre del 2008

Por Luis Ángel Galván
Especial La Estrella Digital

DALLAS — El lío legal en el que la ciudad de Farmers Branch (FB) se ha enfrascado desde el 2006, debido a que sus autoridades han arremetido en contra de la presencia de personas indocumentadas viviendo en esa ciudad, ha generado siete demandas en contra de esa municipalidad.

La más reciente busca que de una vez por todas ese municipio sea obligado a desistir de su política contra indocumentados.

La última acción antiinmigrante de parte del municipio, la ordenanza 2952, señala que toda persona que pretenda rentar casa o apartamento debe adquirir antes una licencia en el municipio a un costo de 5 dólares, además de comprobar su estatus migratorio y/o estancia legal mediante tarjeta de residente permanente o visa, de no contar con uno de esos documentos, su licencia sería revocada y se le negaría el servicio.

Pero una jueza federal, Jane Boyle, ordenó detener el intento y para que se determine la anticonstitucionalidad de la iniciativa.

Así, las organizaciones defensoras de los derechos civiles Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y The American Civil Liberties Union (ACLU), el pasado 12 de septiembre presentaron en Dallas otra demanda en contra de FB, buscando contrarrestar la 2952.

Marisol Pérez, abogada de MALDEF, explicó que en la demanda se contempla que el juzgado declare inconstitucional la ordenanza 2952 y que se prohiba de manera permanente la ejecución de la misma.

Además que las ordenanzas previas perfiladas por el municipio (2903, 2892 y la 2952) y que en su momento buscaron lo mismo, prohibir vivienda a indocumentados, sean declaradas discriminatorias contra hispanos. Los demandantes buscan asimismo, dijo Pérez, que la ciudad en litigio pague compensación por daños a los demandantes así como costos legales.

Adicionalmente que un juez federal emita una orden permanente para que el gobierno de esa ciudad no aplique ninguna reglamentación que tome en cuenta el estatus migratorio para rentar vivienda; e incluso que se emita una orden para que FB tome pasos afirmativos para remediar el pasado discriminatorio y haga una declaración por escrito y sea publicada por lo menos en dos diarios de mayor circulación y en su página electrónica, que dan la bienvenida a las minorías, especialmente a los hispanos.

Por otra parte un recurso legal presentado en contra de FB el 3 de septiembre, precisamente ante Boyle, fue promovido por los complejos de vivienda Villas at Parkside, Lakeview at Parkside, Chateau Ritz y Chateau de Ville, exigiendo una orden de restricción temporal que prohibiría la ejecución de la ordenanza 2952.

Michel Jung, abogado representante de FB, no respondió a las llamadas de este medio. Pérez añadió: “Nosotros pensamos ninguna autoridad municipal o estatal debe de tener autoridad para determinar si una persona puede o no vivir en determinado lugar, basándose exclusivamente en su estado migratorio, eso está fuera de su alcance y le corresponde directamente al gobierno federal”.

El abogado Domingo García, dijo que “FB tiene que entender que la política de exclusión y discriminación va a perder, como ya ha sucedido 4 veces anteriores”.

Dijo que para Tim O’Hare —alcalde de FB— los latinos han sido “una piñata política, donde él le pega y saca su dulce, en este caso la alcaldía”.

Consideró que las expectativas del gobierno de O’Hare al continuar tratando de implementar este tipo de acciones, no van a durar mucho tiempo, pues señaló que han aumentado el número de latinos que han acudido a las urnas a votar.

Dijo que los resultados de la defensa de las ordenanzas se ha reflejado en su economía, al aumentar los impuestos, despedir a trabajadores y pagar altos costos de honorarios. Por su parte, Tom Bryson, vocero de esa municipalidad dijo que hasta el primero de julio del 2008, los gastos legales generados en la defensa de las diversas ordenanzas propuestas por el concilio de esa ciudad ascendían a $830,108 dólares.

Perez, dijo que no podría decir por qué la ciudad de FB continúa defendiendo una ordenanza que desde el principio ha tenido bastantes problemas en los juzgados federales, pero agregó que mientras esa municipalidad continúe en la misma posición, MALDEF también estará defendiendo los derechos de las personas.

De acuerdo a la ordenanza 2952, el gobierno municipal, estaría facultado para revisar el estatus legal de cada uno de los solicitantes, mismos que serían buscados en una base de datos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de los Estados Unidos. Sin embargo María Elena García Upson, portavoz regional del DHS, dijo que hasta el momento FB no tiene ningún acuerdo con esta agencia para llevar a cabo una verificación de datos.