Demanda contra abogados involucra al consulado mexicano

Publicado el viernes 08 de mayo del 2009


Por Luis Ángel Galván
ESPECIAL LA ESTRELLA DIGITAL
DALLAS — El miércoles de esta semana en la catorceava Corte Judicial de Distrito en Dallas, Luis Enrique Ramírez, Alonso Salinas, María Salinas, Letisia Salinas y María Alicia Puente Navarro, representados por el abogado Lawrence J. Friedman presentaron una demanda en contra de los abogados Alvino Guajardo y Pablo Alvarado.

Tanto Guajardo como Alvarado son demandados de manera individual y como consejeros generales del consulado de México en Dallas.

La demanda explica los motivos de la acción legal promovida por los demandantes, y señala además a Alvarado como un ‘patrón’ en el consulado, quien otorga favores y pagos a los empleados de esa entidad gubernamental a cambio de recibir privilegios que le permiten obtener ganancias de los casos que llegan a presentarse en esas oficinas.

Asimismo la demanda señala a Guajardo como un ‘reclutador de clientes’ y mano derecha incondicional de Alvarado, quien le provee como clientes, a personas que acuden al consulado a realizar un trámite para el traslado de cuerpos o a solicitar ayuda legal para reclamar los beneficios en un accidente de trabajo. Indican que en la sede consular son atendidos por Guajardo, previa selección y decisión hecha por él mismo.

Se les solicitó a los abogados demandados sus declaraciones y postura pero no respondieron.

Aclaración del cónsul mexicano

Enrique Hubbard Urrea, cónsul general de México en Dallas, clarificó la posición del consulado en relación a la demanda presentada.

“El Consulado no es parte en este asunto, los demandados son los abogados. En segundo lugar se lanza una serie de declaraciones pero no se concreta acusación contra alguien, excepto para decir que todo el consulado es una cueva de ilegalidad, lo cual es absurdo”.

Hubbard explicó que “si el consulado como entidad requiere asesoría legal, por ejemplo si un empleado nos demanda por alguna razón laboral, tenemos todo el derecho a contratar como abogados a quien nos parezca, nadie tiene ‘derecho’ a que le pasemos el caso y los que seleccionamos serán los expertos en la materia, basados en reputación profesional y prestigio. En esos casos los abogados tienen todo el derecho de anunciarse como ‘abogados consultores del consulado’, si así lo desean, pues lo son y les pagamos sus servicios”.

El cónsul agregó que en ocasiones el consulado —en su carácter de representante legal de todos los mexicanos— acude a abogados cuando hay casos sensibles, como todos los de pena de muerte por ejemplo. “En esas circunstancias, no sólo no nos pagan por seleccionarlos sino que nosotros les pagamos por sus servicios. Una vez más tenemos todo el derecho de escoger libremente quién nos representará, no tenemos obligación de tomar en cuenta a todos los abogados del área”.

Hubbard señaló que “en este caso hay una acusación en contra de unos abogados y la carga de la prueba está en el que acusa, no en los acusados, amén de que nadie es culpable de nada hasta que se le demuestra su responsabilidad y sea sentenciado. El consulado no ha sido demandado”.

La oficina de Pablo Alvarado no respondió a llamadas telefónicas ni a correos electrónicos para obtener sus declaraciones.

La caja misteriosa

Reza la demanda presentada que en el consulado mexicano en Dallas se reciben mensualmente alrededor de 45 solicitudes de asesoría legal para el traslado de cadáveres y/o pago de costos funerales, mismas que la gente deposita en una caja dispuesta para recibir las solicitudes de esos servicios, pero con la salvedad de que a la mencionada caja sólo tiene acceso Guajardo, y él es quien decide cuáles son “casos buenos” y entonces les llama para ofrecer sus servicios como consejero legal del consulado mexicano.

Sin embargo Hubbard declaró que “ni existe ninguna cajita donde se ponen los casos de traslado de cadáveres, ni nos paga nadie nada por tramitar esos casos, más bien somos nosotros los que pagamos parte del costo del traslado”.

Van contra Alvarado y Guajardo

Marla Pittman, abogada del despacho de Friedman, explicó que la demanda promovida por Ramírez, Salinas y Puente, tienen en común el despacho de Alvarado como el prestador de servicios legales en cada una de las situaciones particulares de los demandantes.

“Las acusaciones hechas por los demandantes están sustentadas en el hecho de que Alvarado y Guajardo, en su carácter de abogados consejeros del consulado de México, aprovechando muchas veces la ignorancia de las personas que acuden al consulado a solicitar un servicio o algún trámite que require una representación legal, sacan ventaja de ello para obtener beneficios personales y no los de los afectados, prometiéndoles cosas que jamás cumplen y donde los directamente afectados son los que inicialmente buscaban una solución a sus problemas”, explicó Pittman.

Agregó que la importancia de esta demanda está cifrada en que éstas son tan sólo algunas situaciones que han sucedido a lo largo de mucho tiempo y que es momento de poner un freno a las malas prácticas legales hechas por estos abogados.

La lista del consulado

Hubbard explicó que el 95 por ciento de los casos que son referidos a un abogado por la sede consular son penales, de migración, laborales, familiares (incluyendo violencia doméstica) y en general civiles.

“Los casos de accidentes y/o heridos son mínimos pues casi siempre los cooptan los abogados de inmediato. En esos casos ponemos a disposición una lista de abogados y si el paisano lo desea le recomendamos algún despacho, sin compromiso ni obligación alguna. Tenemos derecho a escoger a quién ponemos en esa lista basados, una vez más, en prestigio, reputación y nuestra experiencia previa. También nos reservamos el derecho de borrar de la lista a quien no cumple debidamente y/o es sancionado por la barra de abogados”, dijo Hubbard. Un aspecto del caso de los Salinas

Según la demanda, en diciembre del 2008, Alonso Salinas, Letisia Salinas y María Salinas, solicitaron ayuda del consulado pues el esposo de María y padre de sus seis hijos había sido lesionado críticamente en su lugar de trabajo, por lo que pidieron asesoría para tramitar una visa temporal, a fin de que viniera la hermana de su esposo a verlo por última vez.

Relata la demanda que la familia Salinas acudió al consulado a solicitar ayuda, misma que se tradujo en una llamada de Guajardo quien según María, sólo se interesaba saber cómo, cuándo y de qué manera sucedió el accidente. Salinas firmó el contrato de servicios con Guajardo, pero jamás obtuvo una respuesta sobre la visa temporal, su esposo murió y éste jamás pudo ver a su hermana residente de México.

A este respecto el cónsul señaló que los casos de visas humanitarias no son de su jurisdicción: “Nos limitamos a pedir al consulado americano que la otorguen, pero la decisión es de ellos y no siempre la otorgan, eso escapa totalmente a nuestro control”, explicó Hubbard.

Enfoque al caso Puente Navarro

Para Puente Navarro, según describe el documento de la demanda, fue una situación similar. El 14 de agosto del 2006 acudió al consulado de México en Dallas a solicitar ayuda para transportar el cuerpo de Édgar Omar Navarro quien falleciera en un accidente de trabajo; según Puente Navarro, Guajardo se encontraba en las oficinas del consulado y le aseguró que no podría hacerlo a menos que tuviera un abogado.

Al saber eso Puente Navarro firmó un contrato de servicios para poder llevar a cabo los trámites de traslado del cuerpo, así como para ser representada en los trámites de reclamo.

El 12 de septiembre de 2006, otros miembros de la familia del difunto Navarro, también firmaron un contrato de servicios con el despacho de Alvarado. Para octubre 24 de 2006, Puente Navarro decidió terminar la relación con ese despacho porque no había obtenido los servicios mínimos prometidos por Guajardo y Alvarado. Los otros familiares de Navarro también disolvieron el acuerdo ante la falta de respuestas de Alvarado y Guajardo, apuntan en la demanda.

Puente, en entrevista vía telefónica desde Monterrey, N.L., dijo que las actuaciones de Alvarado y Guajardo no eran las de un verdadero abogado.

“El promover esta demanda es mostrar las cosas que suceden en el consulado, que las personas se den cuenta de lo que ahí sucede, a quienes por desgracia les ha sucedido algo similar ojalá y hablen, no se queden callados; Alvarado y Guajardo no son abogados verdaderos pues no velan por los intereses de sus clientes”, dijo Puente.

Agregó sentirse muy decepcionada del consulado de México en Dallas, pues lo que ella buscaba como solución se convirtió en un gran problema gracias a la intervención de Guajardo y Alvarado.

En torno al caso Ramírez

Otro caso presentado en la demanda es el de Luis Enrique Ramírez, quien se desempeñaba como pintor y en noviembre del 2005 sufrió quemaduras en su trabajo que le afectaron el 61 por ciento de su cuerpo. Ramírez estuvo internado en el hospital aproximadamente un mes, y por dos semanas y media estuvo inconsciente; su esposa y su madre acudieron al consulado a solicitar orientación para pagar los costos de atención médica.

En el consulado se les indicó que los abogados Alvarado y Guajardo podrían ayudarles. Dos días más tarde, Guajardo se puso en contacto con la familia de Ramírez, acudió al hospital para que firmara un contrato de servicios.

El caso de Ramírez jamás fue atendido por Guajardo, según se dice en la demanda, señalan que lo transfirió a otro abogado y que nunca le ayudó a encontrar una solución legal para el pago de sus gastos de hospital.

En espera de fecha

Pittman, señaló que la similitud en los casos expuestos en la demanda están plagados de negligencia, irresponsabilidad, mal trabajo desempeñado en el desarrollo de la representación legal de sus representados y conspiración entre el mismo despacho de abogados para allegarse de beneficios personales.

Ni Guajardo ni Alvarado estuvieron disponibles, en distintos momentos, para declaraciones.

Pittman indicó que se están a la espera de la fecha de audiencia.

Hubbard por su parte puntualiza que “la sola acusación no es más que el dicho de alguien”, indicó que esperará “a que el juicio termine y si prueban sus acusaciones en contra de esos abogados evidentemente los borraremos de la lista, pero no antes”.

El diplomático enfatiza que el prestigio del consulado “está muy por encima de acusaciones infundadas y no sustanciadas, especialmente de alquien que no ha puesto pie en el consulado”.